Las recientes correcciones del Congreso a la Ley de Tránsito y la ratificación de las atribuciones de la Patrulla Caminera para realizar los controles pertinentes deben servir para mitigar los accidentes en las rutas, problema que representa la otra epidemia sin reducirse en nuestro país.Después de largo tiempo y luego de que nuestro medio tocara la impunidad en los casos de accidentes ruteros con presencia de alcohol, finalmente el Congreso sacó del freezer el proyecto para corregir la laguna en la Ley de Tránsito. Aprobó la modificación del artículo 113 y con esto nuevamente el Ministerio Público tendrá intervención ya que se precisa el nivel del alcohol en aliento y sangre para la calificación de una “falta gravísima”; es decir, como hecho punible.

El proyecto modificado estipula que se considera como un hecho punible la conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0,251 mg/l a 0,399 mg/l CAAL (miligramo de alcohol por litro de aire exhalado) o desde 0,501 g/l a 0,799 g/l de CAS (gramo de alcohol por litro de sangre). Con este hallazgo en ruta cada caso debe ser remitido al Ministerio Público.

Así también, en medio de un fuerte debate y críticas, el Congreso mantiene sus atribuciones a la Patrulla Caminera, institución muy cuestionada por corrupción, principalmente por casos de coima en los operativos de control.

Quedó aprobada la realización de controles aleatorios en rutas, punto muy discutido en Diputados, igual que en el Senado, y que dilató la aprobación del proyecto ya que no se ponían de acuerdo. En las diferencias de opiniones saltaron incluso argumentos de que estos operativos son elementos utilizados para “chantajear” a los conductores.

Lo concreto es que se establecieron los límites de presencia de alcohol en el volante y las estrategias deben apuntar a disminuir la cantidad de accidentes producidos por imprudentes a causa del consumo de estupefacientes.

Las estadísticas reflejan un verdadero flagelo para la salud y la vida. A mitad del 2021, en pleno año de pandemia, el director del Hospital de Trauma ya pedía socorro por el aumento de pacientes accidentados en el tránsito. Sus conteos remarcaban que las cifras se disparaban a 7.000 casos.

La Patrulla Caminera viene alertando sobre la cantidad de accidentes protagonizados por conductores ebrios. En el primer trimestre del año las estadísticas ya superaban al de todo el año 2020.

El ascenso de siniestros es inminente y las consecuencias apuntan a ser catastróficas, más aún considerando las ansias de desplazamiento de toda una sociedad en cuarentena a causa del covid-19 por más de un año.

La delicada situación de regreso a la normalidad, así como las herramientas legales y el respaldo que de nuevo se concedió a la Policía Caminera deben generar mejores resultados. Es momento de que esta institución tome el liderazgo, se convierta en protagonista de procedimientos que brinden seguridad a los conductores para recuperar la confianza plena en la gestión y lograr efectos más positivos en relación con los siniestros ruteros.

Las barreras de la policía de tránsito deben dar tranquilidad a los conductores, no más esa sensación de sospecha de abuso y de intenciones oscuras.

La ciudadanía responsable merece un tránsito más seguro. El Ministerio Público debe recuperar sus facultades de agente penal público para velar por el derecho y las garantías constitucionales de la sociedad. Acompañar los operativos en las barreras de la Patrulla Caminera para la pesquisa de conductores imprudentes que violan las leyes arriesgando vidas.

La modificación de la Ley de Tránsito que desde el 2014 arrastraba una laguna en la que sucumbieron terribles casos, productos de la irresponsabilidad del consumo de alcohol al momento de conducir, debe constituir a partir de ahora una eficiente herramienta para que las instituciones encargadas castiguen la inconsciencia en las rutas y se disminuyan los accidentes.