Imprevistamente, e incluso contra lo que se esperaba por declaraciones recientes de exponentes políticos argentinos, el Gobierno de la Argentina decidió la reapertura de sus fronteras, el regreso de los ciudadanos propios que no podían entrar y el ingreso de los extranjeros, sin la necesidad de cumplir el cepo del aislamiento. El hecho se produce como consecuencia política de la catastrófica derrota sufrida por la administración del presidente Alberto Fernández y el partido oficialista en las recientes elecciones primarias denominadas PASO, el 12 de setiembre, en que la ciudadanía les dio una tremenda paliza política.
El oficialismo perdió en las principales ciudades y provincias, hasta en los reductos tradicionalmente inclinados al partido del Gobierno, como la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de la nación, donde está el 38% de la población del país. Por lo que la reacción de los perdidosos no se dejó esperar. Aparte de rápidos cambios en el gabinete en el que reaparecieron viejos ministros de la administración de Cristina Fernández, el Ejecutivo Federal se apresuró a tomar medidas urgentes para calmar el enojo de la gente y tratar de recuperar sus votos en las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, que son las que realmente cuentan en la vida institucional.
Entre las numerosas disposiciones establecidas para captar el favor de la ciudadanía, una de las principales es la reapertura de su frontera con los países limítrofes.
El anuncio hecho por las autoridades argentinas señala que a partir del 1 de octubre se abrirán las fronteras terrestres. Con el importante detalle de que será a pedido de los gobernadores de las provincias a las que pertenecen las localidades fronterizas, con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y cupos definidos por la capacidad de cada jurisdicción.
Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se hará el aumento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y vías terrestres. La información ha caído muy bien en nuestro país, en especial en las localidades fronterizas que dependen fuertemente del contacto entre ambas naciones.
Pero como ha advertido el canciller nacional, hay que aguardar para ver cómo y cuándo se efectiviza la reapertura. Pues como la autorización para el paso fronterizo dependerá del pedido de los gobernadores y de la burocracia de las provincias no hay motivos para mucho optimismo.
No se puede olvidar que los gobernadores de las dos principales provincias limítrofes, la de Formosa y la de Misiones, han demostrado su escasa predisposición a la apertura fronteriza en las reuniones mantenidas recientemente con las autoridades paraguayas. Tanto en una como en otra provincia hay sectores económicos con fuerte incidencia en la política que prefieren el encierro porque entonces el mercado local seguirá siendo cautivo y dependerá solo de ellos. La apertura comercial con otros países implicará que los argentinos vengan a comprar en Paraguay o vayan a Brasil, Chile o Uruguay, y perderán parte de su clientela. Aunque los paraguayos irán a comprar también a la Argentina, cosa que nunca consideran las cámaras de comercio de esas provincias, acostumbradas a ciertos privilegios especiales.
Apenas se conozcan las disposiciones legales de la apertura argentina de frontera, las autoridades nacionales deben volver a las negociaciones con las provincias vecinas para liberar el paso y establecer medidas que faciliten la salida y entrada de personas sin mayores obstáculos.
Las fronteras cerradas son un obstáculo para el intercambio comercial y social entre los países. En las actuales circunstancias no tiene sentido seguir con ellas si se toman todas las precauciones sanitarias y legales recomendadas.
El Gobierno Nacional debe ser firme en las exigencias a las naciones vecinas para la relación fronteriza, porque como país soberano y miembro del Mercosur, que establece medidas especiales para el intercambio entre sus socios, tiene derechos que exigir.
Las autoridades de las provincias afectadas no deben olvidar que tienen obligaciones con la sociedad argentina y con la de los países colindantes, que son derechos humanos inalienables. Y deben permitir el paso fronterizo no como una concesión graciosa que dependa del humor o del capricho de los funcionarios, sino como el cumplimiento de una obligación que deriva del compromiso que tienen como responsables políticos.