El Gobierno debe encontrar la forma de cumplir con los pagos que adeuda a los contratistas, desembolsos pendientes que ya lleva su tiempo y ahora, en un momento crucial de recuperación económica ante el leve respiro por la pandemia del covid-19, se torna más que imperioso para que no paren las obras ni se arriesguen los puestos de trabajo.

Las últimas declaraciones desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Cons­trucción (Capaco) alertan de una delicada situación que podría lle­var a terapia intensiva a uno de los rubros multiplicadores del empleo en Paraguay, que es el de obras.

Hace exactamente un año, los gre­mios de la construcción ya venían avisando que las obras podrían parar por la falta de pago por parte del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC). En setiembre del 2020 se hablaba de una deuda de US$ 150 millones, hoy, según los reclamos, esta cifra se dis­para a US$ 250 millones.

El problema de la deuda se da ade­más en medio de una baja ejecución presupuestaria de obras.

No lograron despegar, dijeron varios empresarios del rubro de la cons­trucción sobre las movidas desde la cartera de Obras.

A pocos meses del cierre del 2021, la caída de la ejecución que se arras­tra es de aproximadamente 30% con respecto al año pasado. Mermaron las licitaciones, dijeron también en el sector.

Y, además, el presupuesto del MOPC contempla solamente el pago de obras que ya se encuentran en pleno proceso de ejecución y de aquellas licitaciones que se encuentran en etapa de adjudicación. A punto de culminarse los proyectos en ejecu­ción, no existen nuevos planes, lo que oscurece más el panorama.

La situación es sensible que ya las constructoras comienzan a mani­festar el temor de tener que hacer masivos despidos ante la dificul­tad de no poder seguir financiando puestos de trabajo. Esto sería catas­trófico a sabiendas de que el rubro de la construcción es un eficiente generador de empleo, principal­mente de mandos medios, lo que de alguna manera amortigua el desem­pleo de la gente que no llega al nivel terciario.

Detrás se encuentra una extensa logística que tiene una cadena de proveedores que también sufren el efecto dominó de la crisis en el sec­tor. Es decir, que no solo se arriesgan los empleos directos del rubro, sino también toda una cadena de la eco­nomía que genera ingresos con ser­vicios y provisión de materia prima.

Una pequeña luz en el túnel es el préstamo programático de US$ 100 millones que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso Nacio­nal y que todavía tiene en la incer­tidumbre a los gremios que están atentos de novedades.

El Gobierno debe resolver este pro­blema. Es demasiado riesgoso seguir dilatando el cumplimiento de una obligación con el sector que es uno de los principales motores de nues­tra economía. Miles de familias dependen de ello.

La tregua que nos da la pandemia del covid-19 debe ser aprovechada al máximo nivel para salvar los pues­tos de trabajo y generar más para aquellos que fueron castigados por la crisis.

Sin más pérdida de tiempo, el MOPC debe asumir el protagonismo, plan­tear estrategias en todos los nive­les del Estado para contar con los recursos, administrarlos en su justa medida y así devolver la dinámica al sector de la construcción, una tran­quilidad a la clase trabajadora o al menos una leve esperanza de mejo­ría, que todos anhelamos.