Los gastos superfluos, precisa­mente los de salarios, son el aspecto más sensible del Pre­supuesto General de la Nación cada año. Si bien la emergencia sanitaria por el coronavirus amortiguó las contra­taciones a gran escala, es sabido que esto no impidió seguir cargando la nómina ya sea a través de la Secretaría de la Función Pública u otras vías como los convenios con organismos multilaterales.

Las herramientas administrativas son flexibles para ubicar personal en planti­lla estatal, por eso debe primar el com­promiso de las autoridades en el uso del dinero público.

Este año, según el presupuesto presen­tado por el Ministerio de Hacienda, se prevé un poco más de 312 mil cargos públicos, que en la realidad es mayor ya que este registro no incluye estadísti­cas de algunas empresas públicas como Copaco, Essap, Ferrocarriles del Para­guay, etc. Tampoco cuenta la cantidad de personal contratado cuya población ronda los 50 mil entre todas las entidades.

De todo lo recaudado, el 75% va a salarios, es una porción conocida en la ejecución del presupuesto general. Y el alto por­centaje pasa desapercibido para muchas autoridades estatales que siguen exten­diendo las planillas en sus instituciones de manera discrecional.

En pleno año de pandemia por el corona­virus (2020), hasta el primer cuatrimes­tre de este período ingresaron 20.678 personas a diferentes instituciones esta­tales, según los conteos del Ministerio de Hacienda reportados a nuestro medio mediante un pedido de informe.

La cifra se reduce a los ministerios, Poder Legislativo y Judicial; es decir, no con­templa las nuevas incorporaciones en empresas públicas, etc. De la estadística también escapa la cantidad de personal contratado por vía tercerizada, mediante convenios con organismos internaciona­les que manejan jugosos presupuestos, muestra de ello son los US$ 10,5 millones que gastó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la contra­tación de asesores y en la que se descubrió alevosa discrecionalidad.

Pero la cantidad es apenas uno de los pro­blemas vistos en el universo del funciona­riado público. El crecimiento es sano, si es sostenible y, en este sentido, la merito­cracia es un factor determinante que está contemplada en el proyecto de ley de la carrera del servicio civil.

El proyecto que lidera la Secretaría Téc­nica de Planificación aborda cuestio­nes elementales para la función pública que guardan relación con el principio de remuneración acorde a las responsabili­dades y los méritos.

Esta normativa es una herramienta inte­resante para regular las políticas de con­trataciones de los servidores estatales, aunque siempre requiere el compromiso de los tomadores de decisiones para la efectiva aplicación y el cuidado del presu­puesto estatal.

La inexistencia de una carrera adminis­trativa con una inequidad salarial con grandes pagos a gente sin capacidad y viceversa, la casi nula presencia del con­curso público de oposición para el ingreso de personal, la corrupción como los sobornos y tráfico de influencias son algu­nos argumentos de este proyecto que está en manos del Congreso de la Nación.

En el contexto mencionado el fortaleci­miento de la función pública planteado en el citado proyecto de ley estipula reglas bási­cas omitidas por años en la dinámica de las contrataciones de personal estatal. La orga­nización del trabajo, con un plan de incorpo­raciones que también contemple un plan de desvinculaciones bajo un riguroso control de gastos son una suerte de tips sugeridos.

La capacidad fiscal es eje principal en la proyección de las políticas de remunera­ciones planteadas en el proyecto de ley. Salarios justos acorde a las responsabili­dades y obligaciones.

Las directrices que sigue el proyecto men­cionado son disciplinas lógicas para el manejo eficiente de los bienes de cual­quier empresa o institución.

Sin embargo, reducir la iniciativa solo a los papeles es una meta limitada. Reque­rimos de tomadores de decisiones com­prometidos y celosos del presupuesto público, que vayan eliminando el cliente­lismo a la hora de sumar recursos huma­nos a costa de los contribuyentes.

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