El Poder Ejecutivo entregó el miércoles al Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022, que no contempla ninguna novedad resaltante y que tiene los vicios de siempre, mucha plata para gastos corrientes que no tienen mayor utilidad y un porcentaje muy limitado para las inversiones. No contempla básicamente ninguna medida que implica avanzar en la reestructuración y achicamiento del Estado.
La propuesta de ley prevé para los gastos del año entrante 92,1 billones de guaraníes, que es levemente inferior al presupuesto de este año, de 92,2 billones, para guardar las formas y para que no se diga que está pidiendo más plata que el año anterior. Pero acto seguido solicitará una ampliación de 4,2 billones para que el monto final llegue a 96,3 billones de guaraníes, con un déficit fiscal del 3%. En otras palabras, el monto previsto en el proyecto de ley es engañoso, pues la realidad es que el Ejecutivo pedirá elevarlo un 4,5% más.
El argumento que esgrimen las autoridades del fisco es que ese dinero demás que se solicitará es para los requerimientos sanitarios derivados de la emergencia ocasionada por la pandemia. Y que se destinará a la salud pública, con lo cual será muy difícil negar la solicitud, a menos que se quiera pasar por inhumanos o de sordos a los requerimientos humanitarios del país.
Un dato a tener en cuenta es que prevé un alza del 8,2% en los ingresos tributarios gracias a la mejor recaudación que se vislumbra. Por el pago de impuestos, se estima recaudar 27,4 billones de guaraníes. Pero al mismo tiempo intentará cubrir sus gastos exagerados prestando más plata, con la colocación de bonos y haciendo préstamos por valor de 11,6 billones de guaraníes (unos 1.661 millones de dólares), cifra que representa el 12,6% del total de desembolsos previstos. El proyecto presupuestario incluye 9,2 billones de guaraníes (US$ 1.310 millones) para pagar la deuda, que constituye un aumento de US$ 186 millones con relación a lo establecido para este año, y que representa un alza del 16,5%.
Como no tiene recursos propios, el Gobierno prestará US$ 600 millones para poder financiar las obras públicas. De esta suma, US$ 250 millones vendrán de préstamos de entes multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Mientras que los US$ 350 millones restantes se buscará conseguir a través de la emisión y colocación de bonos, sea los soberanos (de nivel internacional) o bonos locales.
A pesar de que se dijo que no se contratará nuevos empleados estatales, se incorporarán más personas en las fuerzas públicas y en los servicios de salud. Habrá aumento salarial para los docentes, en 8%, y para militares y policías, este último de acuerdo al índice de inflación. Teniendo en cuenta la totalidad de los gastos, se erogará un 5,6% más de recursos para cubrir los salarios del sector público. En el anexo de personal, se prevé no llenar 364 cargos vacantes.
El documento estima un alza del 3,8% del producto interno bruto (PIB), que llegaría así al equivalente de US$ 40.650 millones, con una tasa de inflación del 4%. Como puede apreciarse, en líneas generales, el proyecto de ingresos y gastos para el año venidero es más de lo mismo. Con el nuevo presupuesto se financiará un aparato fiscal gigantesco y deficitario, con mucha carga para los contribuyentes. Tal como ocurrió este año y el anterior, se usará mucho más dinero de lo que se podrá conseguir con las recaudaciones. Se financiarán los salarios públicos gastando alrededor del 70% de lo que se percibe a través de los tributos.
En vez de achicar el déficit de acuerdo con las normas de estabilidad fiscal, se prevé el doble de lo fijado en la ley respectiva. Queda en manos de los legisladores realizar las transformaciones necesarias en el proyecto que se comenzará a estudiar en breve. Hay que apelar al patriotismo de los congresistas para que realicen los cortes recomendados. El Paraguay necesita con urgencia la cirugía de sus erogaciones innecesarias para volver al equilibrio y asegurar una ley ventajosa para el país.