El Congreso Nacional se encuen­tra analizando un proyecto de ley que debido a las circunstan­cias que se viven en las zonas rurales del país, es una necesidad que requiere urgente remedio, castigar seve­ramente la invasión de la propiedad pri­vada. Para ello la norma que se encuen­tra a consideración de los legisladores pretende convertir en delito grave, y por lo tanto pasible de pena carcelaria dura, la invasión con fines de apropiación de los terrenos que son propiedad privada o pública.

Las sanciones que establecen las leyes para los que se apropian de bienes de propiedad ajena están ya contempladas en los códigos vigentes, y son las que se aplican habitualmente a los reos acu­sados de robo. En ese sentido, quedarse con una pertenencia de otra persona está suficientemente claro en las normas y, en consecuencia, tiene las condenas que corresponden de acuerdo a su gravedad, la importancia del objeto sustraído y las circunstancias en que se produjo. Por eso un sujeto que se apropia de un automó­vil ajeno o roba una gran suma de dinero tiene una pena carcelaria determinada que es proporcional al perjuicio ocasio­nado. Debido a ello no es igual la pena para el descuidista ratero que para el que asalta un banco.

Los entendidos sostienen que los castigos que se prevén para las personas que por la fuerza invaden un terreno de propie­dad de un tercero y pretenden quedarse con él son relativamente leves, y que se necesita una pena mayor. Requieren establecer las circunstancias agravantes y otros elementos, que por su peso puni­torio ayuden a desanimar a cualquier persona u organización que quiera apro­piarse de tierras ajenas.

Con la nueva disposición legal en estu­dio, aparte de hacer más severo el castigo por el delito de apropiación indebida, se pretende dar una lección bien clara para todos. Y es que no puede ser negocio para nadie invadir las propiedades ajenas y, mediante apoyos de agrupaciones par­tidarias y presiones de fuerzas políti­cas, quedarse finalmente con el objeto mediante arreglos forzados y violentos con el propietario.

Ocurre que siempre funcionó la táctica de entrar con violencia en terrenos pri­vados. Y luego mediante la política se premiaba a los invasores con el traspaso de los predios ocupados en los asaltos legitimando ese delito. Existen numero­sos casos que han sucedido en que final­mente se han condecorado a los asal­tantes que se quedaron con la propiedad ajena. Es como el ladrón que roba un objeto cualquiera y después es galardo­nado por cometer ese delito, porque no solo se queda con el artículo que no es suyo, sino que tampoco es castigado con la cárcel, multa o alguna pena. Es galar­donar al delincuente por haber cometido el despojo e invitar a otros que hagan lo mismo.

Por eso existe entre los legisladores el convencimiento de que es muy necesario hacer una ley que contemple esa realidad en toda su dimensión y se le busque una salida adecuada.

Está claro en la teoría que la propiedad privada es sagrada e inviolable. Pero se necesitan algunas medidas de orden práctico para sancionar debidamente a los que no la respetan y la violentan. Por­que la experiencia demuestra que el cas­tigo finalmente tiene una función peda­gógica indiscutible, pues ayuda a que no se vuelva a cometer la falta o delito, y puede corregir al que delinque.

Con mucha frecuencia ocurre que las invasiones masivas a predios de propie­dad privada no solo se impiden, sino que tampoco se toman las medidas para des­alojarlos y castigar a los asaltantes. Esto se debe en gran medida a la indolencia de las autoridades que deben intervenir en esos casos, como la Policía y el Ministe­rio Público. Esa complicidad encubierta debe ser contemplada también en las leyes como parte del delito y se debe pre­ver un castigo, para que ciertas autorida­des no sigan asumiendo ese comporta­miento encubridor.

La Constitución Nacional es tajante en la materia, pues declara que la propie­dad privada es inviolable. Y esta es la razón principal, desde el punto de vista jurídico, por la que la invasión a terrenos ajenos debe ser sancionada de manera contundente. Por ello el Congreso Nacio­nal debe prever penas más duras en el castigo a los violadores de la propiedad privada.