Este leve respiro que tenemos ahora con el acta de entendimiento firmada recientemente entre el Gobierno y los gremios de camioneros, después de más de 20 días de paro, piquetes y violencia en las rutas con altísimos niveles de perjuicio para el país, no debe reducirse solamente a subsanar el reclamo de los mismos. Es momento de atender las alertas sobre los problemas de fondo del sector que se desempolvaron durante estas semanas de crisis.
La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) como ente responsable del rubro debe liderar la formalización de los camioneros, que es el principal motivo por el que no les cierran los números en el negocio. Ahora que se fija un incremento, los fleteros deben reestructurar sus inversiones para administrar sus sobrecostos y así dejar el hábito del cierre de rutas cada vez que se les desploman las ganancias.
Clarísimo, informes oficiales hablan de un 50% de sobrecostos por camiones de más de 20 años de uso; por cierto, nuestro país es el único en la región que admite flota degradada para transporte de cargas, según lo dicho por expertos logísticos y confirmado por el actual director de la Dinatran. Aquí comienza la serie de indiferencias en el control del flete por camión. Dinatran habilita camiones a ciegas. No regula el negocio, no hay control real de la carga en rutas, los requisitos se reducen a la presentación de la cédula verde en ventanilla.
La institución que debiera regular el negocio se limita a vender habilitaciones y es blanco de especulaciones de corrupción por coimas en las carreteras, un estigma del que no se desprende.
Existe además un alto porcentaje de intermediarios en el rubro fletero. Es decir, empresas de maletín que no cuentan con un solo camión, pero que son los que negocian los precios y se quedan con una tajada, encareciendo aún más los costos. Esta situación también fue confirmada por el titular de la Dinatran.
Un último estudio presentado al Ministerio de Trabajo también revela que, aproximadamente el 50% de los 110 mil trabajadores del trasporte de cargas no figura en el Instituto de Previsión Social (IPS), tampoco cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC), es decir, opera en negro.
Piden socorro al Gobierno sin aportar al fisco ni garantizar la seguridad social y para más perjudican a los que sí contribuyen con el Estado acudiendo a medidas extremas y anticonstitucionales.
Por todos estos incumplimientos es que la solución a los problemas de los camioneros no se resume solamente al acuerdo que consiguieron de un aumento del 3% de los valores de la tabla de precios con los que llegan 33% de incremento, considerando lo pautado en mayo pasado.
Entonces, urge que desde el Estado se haga cumplir las reglas de formalización y que la Dinatran ejerza el liderazgo en la regulación del negocio. Avanzar con la primera medida de crear el registro de las intermediadoras para que esas empresas de maletín se formalicen, tal como lo había sugerido el titular de esta institución durante las semanas de crisis.
Aplicar rigurosos requisitos para la habilitación del transporte de flete de manera de garantizar la seguridad en las rutas. Por más que la inspección técnica vehicular esté tercerizada, la Dinatran no puede desentenderse de la calidad de la flota. Todas estas acciones debieran ser rutinarias, pero nunca se hizo y el problema detona contra los que trabajan y aportan al Estado.
Ya no más funcionarios que hacen la vista gorda en las rutas de manera que se puedan realizar los controles pertinentes. Para ello se deben aplicar severas reglas en la explotación del servicio, la formalización del negocio, que son normas básicas para cualquier rubro y la Dinatran es la responsable principal.