Este leve respiro que tenemos ahora con el acta de entendi­miento firmada recientemente entre el Gobierno y los gremios de camioneros, después de más de 20 días de paro, piquetes y violencia en las rutas con altísimos niveles de perjuicio para el país, no debe reducirse solamente a subsanar el reclamo de los mismos. Es momento de atender las alertas sobre los problemas de fondo del sector que se des­empolvaron durante estas semanas de crisis.

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) como ente responsable del rubro debe liderar la formalización de los camioneros, que es el principal motivo por el que no les cierran los números en el negocio. Ahora que se fija un incremento, los fleteros deben reestructurar sus inver­siones para administrar sus sobrecostos y así dejar el hábito del cierre de rutas cada vez que se les desploman las ganancias.

Clarísimo, informes oficiales hablan de un 50% de sobrecostos por camiones de más de 20 años de uso; por cierto, nuestro país es el único en la región que admite flota degradada para transporte de car­gas, según lo dicho por expertos logísti­cos y confirmado por el actual director de la Dinatran. Aquí comienza la serie de indiferencias en el control del flete por camión. Dinatran habilita camiones a cie­gas. No regula el negocio, no hay control real de la carga en rutas, los requisitos se reducen a la presentación de la cédula verde en ventanilla.

La institución que debiera regular el nego­cio se limita a vender habilitaciones y es blanco de especulaciones de corrupción por coimas en las carreteras, un estigma del que no se desprende.

Existe además un alto porcentaje de intermediarios en el rubro fletero. Es decir, empresas de maletín que no cuen­tan con un solo camión, pero que son los que negocian los precios y se quedan con una tajada, encareciendo aún más los cos­tos. Esta situación también fue confir­mada por el titular de la Dinatran.

Un último estudio presentado al Ministe­rio de Trabajo también revela que, aproxi­madamente el 50% de los 110 mil trabaja­dores del trasporte de cargas no figura en el Instituto de Previsión Social (IPS), tam­poco cuenta con Registro Único de Contri­buyente (RUC), es decir, opera en negro.

Piden socorro al Gobierno sin aportar al fisco ni garantizar la seguridad social y para más perjudican a los que sí contri­buyen con el Estado acudiendo a medidas extremas y anticonstitucionales.

Por todos estos incumplimientos es que la solución a los problemas de los camio­neros no se resume solamente al acuerdo que consiguieron de un aumento del 3% de los valores de la tabla de precios con los que llegan 33% de incremento, conside­rando lo pautado en mayo pasado.

Entonces, urge que desde el Estado se haga cumplir las reglas de formalización y que la Dinatran ejerza el liderazgo en la regulación del negocio. Avanzar con la primera medida de crear el registro de las intermediadoras para que esas empre­sas de maletín se formalicen, tal como lo había sugerido el titular de esta institu­ción durante las semanas de crisis.

Aplicar rigurosos requisitos para la habi­litación del transporte de flete de manera de garantizar la seguridad en las rutas. Por más que la inspección técnica vehicu­lar esté tercerizada, la Dinatran no puede desentenderse de la calidad de la flota. Todas estas acciones debieran ser ruti­narias, pero nunca se hizo y el problema detona contra los que trabajan y aportan al Estado.

Ya no más funcionarios que hacen la vista gorda en las rutas de manera que se pue­dan realizar los controles pertinentes. Para ello se deben aplicar severas reglas en la explotación del servicio, la formali­zación del negocio, que son normas bási­cas para cualquier rubro y la Dinatran es la responsable principal.

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