Al margen del resultado final del paro de camioneros que para­lizó gran parte del país por casi tres semanas por un conflicto sectorial, queda una tarea importante. Y es hacer justicia, castigando a los que delin­quen y no dejando impune los delitos.

Los organismos públicos competentes deben aplicar los castigos previstos en las leyes a los camioneros que violando nume­rosas normas cerraron el paso en las rutas y dificultaron la libre circulación. Más allá de los acuerdos sobre las tarifas del trans­porte, que se deben dilucidar entre los fle­teros y sus clientes, los huelguistas cerce­naron la libertad en los caminos públicos y deben ser pasibles de las penas que corres­ponden a los violadores de las leyes. Esto al margen de lo que disponga la Justicia en la denuncia presentada por los gremios empresariales contra los huelguistas por haber cometido hechos punibles previstos en el Código Penal.

Los que violaron las leyes del país no pueden volver a sus casas cantando victoria sin que paguen lo que corresponde por sus hechos delictuosos. Las autoridades competentes deben identificar a todos los que usando sus vehículos interfirieron las libertades públi­cas porque deben responder por las viola­ciones legales y por el perjuicio ocasionado a la producción y a la ciudadanía en general.

En primer lugar, la Policía Caminera, que es el organismo público encargado de hacer cumplir la Ley 5016/14 General de Tránsito y Seguridad Vial, debe actuar identificando a los infractores para darles las penas que corresponden por las violaciones cometi­das. Entre las principales infracciones a las normas de seguridad vial y del tránsito está el haber estacionado los vehículos en las calzadas y en las banquinas de las rutas dificultando el paso en forma irregular. También deben ser castigados por no ceder el paso a los vehículos del servicio público, y por haber estacionado en zonas urbanas donde impidieron la visibilidad, la seguri­dad y la fluidez del tránsito vehicular. Otra de las irregularidades es no haber cumplido las reglas de estacionamiento como corres­ponde, según la ley.

Todas estas infracciones merecen mul­tas por parte de la Policía Caminera, que depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y, por lo tanto, del Poder Ejecutivo. Por consiguiente, si el Gobierno Nacional quiere ser justo como manda la ley, tiene la obligación de multar por todas esas infracciones a los camioneros que cerraron las rutas. Si no lo hiciera, sería un acto de complicidad con los infractores y una invitación a seguir vulnerando impune­mente las leyes.

Por otro lado, el Ministerio Público no puede cerrar los ojos ante los hechos puni­bles cometidos por los camioneros en huelga, debe investigarlos y pedir los cas­tigos previstos en el Código Penal. No se puede premiar a los que infringen las nor­mas jurídicas como si no hubiera pasado nada.

Una de las principales imputaciones a los huelguistas es haber perturbado la paz pública, hecho que está previsto en el artí­culo 234 del Código Penal. También les debe acusar por extorsión, que está contemplada en el artículo 185 de dicha ley, además de haber incurrido en extorsión agravada, que prevé el artículo 186. Otras imputaciones que les deben hacer es haber incurrido en coacción, según el artículo 120, y coacción grave, incluida en el artículo 121 de la men­cionada norma penal.

La Policía Caminera y la Fiscalía deben actuar, cada cual en su ámbito, porque no se pueden cometer violaciones a las leyes y luego quedar impunes, como si no fue­ran responsables de los hechos de violen­cia pública señalados. No castigar al que comete un acto ilegal o un delito no es tole­rancia, sino complicidad, y una forma de incentivar al delincuente para seguir come­tiendo actos punibles.

Si alguien se apodera de los bienes de otra persona es un ladrón. Debe devolver lo robado y sufrir el castigo que corresponde, según las leyes. Que ocurra lo contra­rio sería una injusticia y un premio al que delinque.

Por eso los camioneros huelguistas que cerraron las rutas y sometieron a los sec­tores productivos y a gran parte del país a sus caprichos no deben quedar sin castigo. Por el bien de la sociedad paraguaya que no merece que los transgresores sigan disfru­tando del fruto de sus tropelías sin pagar sus cuentas.