Luego de dos semanas de la huelga de camioneros que cierran las rutas del país, las pérdidas de los sectores productivos han llegado a cifras muy elevadas, que hace insosteni­ble seguir soportando la medida de fuerza. Tan solo en el campo industrial, el per­juicio se ha calculado en alrededor de 30 millones de dólares por día a causa de los impedimentos en la circulación.

Debido a ello la Unión Industrial Para­guaya (UIP) presentó el martes 17 ante el Ministerio Público una denuncia contra los camioneros por extorsión, extorsión agravada, coacción, coacción grave, inser­ciones peligrosas en el tráfico terrestre y perturbación de la paz pública. Todos los sectores de la producción y el comer­cio han alzado su voz de protesta contra la huelga y exigido al Gobierno que haga res­petar la ley y libere el paso.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) señaló que no puede ser que los vio­lentos paren a todo un país, violentando los derechos constitucionales y poniendo en riesgo a miles de emprendedores. En su comunicado apuntó que los actos de los huelguistas amenazan las bases mismas de la República afectando claramente al derecho al trabajo y al derecho a la libre circulación garantizados en la Constitu­ción Nacional.

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Por eso ha exigido al Gobierno “una pos­tura más firme y el cumplimiento irres­tricto de las disposiciones constituciona­les y las leyes vigentes que garantizan la libre circulación de personas y el trans­porte de bienes”.

El lunes 16, efectivos de la Policía Nacional intervinieron en el Km 30 de la ruta PY07, en Minga Guazú, Alto Paraná, para despe­jar el lugar donde varios camioneros obs­taculizaban el paso de vehículos. Luego de una refriega con los piqueteros violen­tos detuvieron a 17 hombres por coacción, perturbación de la paz pública y resisten­cia a la autoridad. Los fiscales ordenaron la detención preventiva de los capturados. En un procedimiento similar, en el Guairá también actuaron los policías para despe­jar la vía pública pues los manifestantes se negaron a sacar sus camiones del camino. Apresaron a los que no querían despejar la ruta.

Comentando la situación, el ministro del Interior señaló que no van a permitir ya el cierre de los pasos vehiculares. Afirmó que desde el principio de semana están prohi­bidos los cierres de rutas y que, en caso de no cumplirse la disposición, los efectivos policiales actuarán contra los que infrin­jan la prohibición.

Esta crónica policial no puede pasar des­apercibida en este momento en que los sectores de la producción están pidiendo que los camioneros huelguistas despejen las rutas y se permita el libre paso de vehí­culos. Esa es la actitud que corresponde adoptar a las autoridades nacionales para que el país pueda volver a la normali­dad y se trabaje sin sobresaltos. Liberar las rutas de los que pretenden cerrarlas y garantizar el libre tránsito, castigando según la ley a los que cercenan la libertad de los demás con violencia es lo que toca hacer a las entidades competentes.

Como debió actuar desde el primer día de la medida de fuerza de los camioneros, y que inexplicablemente no se realizó por la evidente abulia o complicidad de las auto­ridades. A partir de los acontecimientos del lunes, todo parece indicar que desde las esferas del Gobierno se comenzará a actuar contra los que cierran las rutas y que ya no se permitirán los abusos que hasta ahora han hecho. Lo ocurrido últi­mamente en algunos sitios en que impe­dían la circulación con la actuación de las fuerzas públicas que pusieron a raya a los violentos y abrieron la libre circulación es la conducta que el Gobierno tiene que adoptar siempre para cumplir su tarea.

La demanda de los camioneros en huelga debe tratarse en una conversación civili­zada con la intervención de los distintos sectores involucrados, como choferes y empresarios afectados, con la coordinación de los organismos públicos competentes. Se debe buscar una solución consensuada y exigir el cumplimiento de las normas vigentes y de los acuerdos concertados.

Los enfrentamientos y las posturas vio­lentas nunca conducen a nada construc­tivo. Es mejor ponerse a dialogar juntos. Solo la discusión equilibrada y el inter­cambio inteligente de las posiciones logrará la sana convivencia que se merece la sociedad.

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