Una oficina dentro de una residencia particular en el barrio San Pablo de Asunción, muy concurrida hasta hace unos días que la Fiscalía tomó intervención, resultó ser una cueva en la que se desarrollaba la impresión irregular de habilitaciones municipales de rodados.
Un exitoso negocio que tenía formando fila a entre 80 y 100 personas en busca del documento que debiera ser entregado en la municipalidad. En serie, como pan caliente salían desde esta oficina las plaquetas que sirven como habilitación de tránsito a los conductores.
El próspero negocio a la vista de todos que corría sobre rieles ante un llamativo desconocimiento de la comisaría que funciona en las inmediaciones estima un ingreso de G. 200 millones en los peores momentos, disparándose a los G. 400 millones en épocas de alta demanda, es decir, en fechas próximas de vencimientos, como son junio y julio de cada año.
Un despojo más que importante para los municipios, principalmente para aquellas municipalidades más pequeñas cuyas recaudaciones dependen en gran manera de la venta de estas impresiones.
Nuestro programa de investigación “Tierra de nadie” realizó un completo circuito del esquema. Se ubicó la oficina que funcionaba a plena luz del día con un grupo reducido de tres personas, entre ellas un menor, son las que se dedicaban a desarrollar el negocio.
Había una clientela fortalecida, según nuestras cámaras que captaron largas filas y algunos de los que iban saliendo de la oficina clandestina incluso de inmediato pegaban las calcomanías por sus vehículos.
Un caso de falsificación que esta vuelta puso en evidencia la venta irregular de habilitaciones de vehículos a nombre de la Municipalidad de Bernardino Caballero. Sin embargo, no se descarta que se hayan comercializado documentos falsificados de varios municipios.
El hecho delictivo que ya generó una imputación fiscal por la usurpación de funciones públicas, el despojo del tributo municipal con las operaciones irregulares, también arriesga a los compradores de estos documentos truchos, según adelantó el agente del Ministerio Público asignado a la causa.
Es el desmantelamiento de un ingenioso negocio que una vez más deja al descubierto lo vulnerable que son nuestras instituciones.
Cientos de habilitaciones de un solo municipio, y con la incógnita de cuántas más están recorriendo el territorio nacional, alertan sobre estrategias a tomar por parte de los organismos de control.
Para empeorar, se confirmó que hace más de 10 años opera este negocio desmantelado días pasados, luego de que la prensa se hiciera eco.
Las oficinas de tránsito de las municipalidades no pueden seguir sin implementar protocolos para proteger el membrete de sus instituciones y velar así por el patrimonio de sus comunidades, ya que los ingresos de sus municipios constituyen bienes de la ciudadanía.
La Policía Caminera también debe encauzar un minucioso procedimiento para incautar estos documentos de las rutas. No es posible que conductores piratas sigan movilizándose con documentos truchos, a costa del despojo de los impuestos a los municipios.
Controles más severos, con activa participación de la Fiscalía, son la única forma de cazar a los conductores piratas de documentos públicos. La Policía Caminera cuenta con los recursos, tiene las atribuciones, así que es momento de que haga respetar las normas y proteger el patrimonio público.