Las reiteradas tragedias fatales en el norte del país, que en los últimos días enlutó de vuelta a otras tres familias de nuestras Fuerzas Armadas, ya no pueden quedar impunes. Es hora de dejar la impotencia de siempre y que todos los sectores del país den lugar a la Justicia para que recaiga con todo el peso que corresponde sobre estos grupos que operan en la clandesti­nidad.

Deben encararse acciones para que la Justicia investigue a profundi­dad el funcionamiento de la guerri­lla para así castigar sus desprecia­bles crímenes.

Urge mejorar las inversiones que se demandan en esta lucha contra el crimen, fortalecer aún más las fuerzas de seguridad; es decir, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y encaminar investigaciones científi­cas que revelen los padrinazgos que pudieran tener estos personajes que tienen secuestrada una parte del territorio nacional.

El empoderamiento del entorno es también un factor clave para evitar que las comunidades sigan siendo utilizadas para la logística de la guerrilla. No hay secretos en esta disputa que desangra nuestro presupuesto y enluta cada tanto a nuestras familias. La Justicia debe consolidarse para terminar con la violación de los derechos por parte de los criminales.

Ningún argumento es válido para la violencia con la que actúan los criminales armados. Ya no hay lugar para especulaciones por parte de algunos políticos que ante las desgracias provocadas por estos personajes que proceden en incóg­nito, todavía intentan encubrirlos utilizando fallidas premisas como las carencias que nos afectan como país. Nada más errado para defen­der lo indefendible.

Sin dudas se requieren mejorar las inversiones y esto no se reduce a gastar menos o más. Implica utili­zar los recursos para la estabilidad de nuestro ejército y las comunida­des de la zona. Gastos más transpa­rentes, ejecutados por administra­dores que entiendan la misión, sin temor al control de los órganos per­tinentes pueden reorientar hacia mejores resultados.

De esta forma, también se evitarán discursos populistas de políticos oportunistas que quieren aprove­char cualquier situación para des­mantelar las fuerzas de seguridad, confrontando esta situación con los costos económicos. Estas alocucio­nes solo resultan favorables para las bandas criminales, no para el Estado de derecho.

Centenar de atentados atribui­dos a terroristas en el Norte, más específicamente al autodenomi­nado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con 72 vidas perdidas con los recientes tres fallecimientos de militares en San Pedro. De esta cifra de muertos, 32 pertenecen a nuestras fuerzas de seguridad y 40 son civiles.

Se torna imperioso el protago­nismo de la Justicia ante tantos homicidios, humillación y terror en el Norte. Los grupos crimina­les armados no pueden sobrepa­sar a un Estado bien fortalecido que tiene el rol de defender la vida y garantizar la seguridad a sus ciu­dadanos.

Líderes políticos, autoridades del Gobierno, Fuerzas Armadas y comunidad deben apuntar a las estrategias necesarias, aportar los esfuerzos requeridos para que la Justicia aplique las merecidas penas a los criminales.

Recuperar la tranquilidad en el Norte es recuperar la estabilidad y el honor del país, que ya aguantó demasiado dolor al ver desvane­cerse a compatriotas en esta con­tienda en los confines del Norte.