El contrabando es una de las afecciones de la economía paraguaya que no por ser un mal crónico deja de tener su relevancia venenosa en la vida del país. Perjudica no solo al fisco, que deja de recaudar por impuestos aduaneros y otros tributos millones de dólares anuales, también golpea a la producción nacional que se ve bombardeada en carne propia por la competencia desleal que produce fuertes caídas en sus ventas. Alimenta a la economía informal que se burla de las normas vigentes en el submundo de la delincuencia.
De acuerdo con cálculos de organismos especializados, el valor del contrabando en el Paraguay es el 40% de su producto interno bruto (PIB), una cifra que según los estudiosos es un porcentaje muy elevado.
Si se tiene en cuenta que el valor total de la economía paraguaya fue en el 2020 de 35.304 millones de dólares, según el Banco Central del Paraguay (BCP), y que el porcentaje del contrabando es del 40%, la economía informal llegó ese año a 14.121 millones de dólares. Si recordamos que las exportaciones paraguayas en el 2020 alcanzaron 11.505,3 millones de dólares, todo lo vendido al exterior por nuestro país ese año es inferior al importe de las operaciones ilegales.
El tráfico clandestino de mercaderías no solo ocasiona daños al Estado por las recaudaciones e impuestos evadidos. Golpea también muy fuertemente a la producción nacional, como justamente han señalado fuentes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Refiriéndose a esa situación, el presidente del organismo empresarial lamentó el avance del ilícito y expresó su disgusto contra las autoridades que deben repeler el hecho y que no tienen suficiente efectividad. Reconoció que los productos ingresados de contrabando ganaron espacio en muchos lugares públicos como calles, rutas, plazas. Lo peor es que las autoridades y organismos encargados de la represión de la ilegalidad no actúan con eficacia y el ilícito continúa sin estorbos, como si todo estuviera dentro de la ley. Resulta desagradable la contradicción de los organismos públicos que realizan numerosas exigencias impositivas, de higiene y laborales a los productos y negocios formales, como mandan las leyes. Pero que no actúan del mismo modo con los puestos de venta ilegales en lugares públicos, que exhiben y comercializan impúdicamente artículos ilegales.
El presidente de la UIP explicó a la prensa que recientemente observaron en Ciudad del Este que entraban ilegalmente por la frontera para su venta ropas, calzados, tomates, hortalizas, huevos. Recordó que, en conversación con autoridades aduaneras, le dijeron que últimamente se habían incautado de productos ilegales por valor de 34 millones de dólares, cifra que reconoció que es importante, pero que resulta pobre frente al monto del movimiento contrabandista del país.
Las quejas contra el ilícito son frecuentes de parte de los gremios afectados, pero en los casos prácticos no se ha avanzado mucho contra este tipo de informalidad que tiene montada una estructura de décadas y que parece contar con cómplices y encubridores en las instituciones estatales. Aparte de la pusilanimidad de los organismos judiciales que tienen centenares de denuncias contra este ilícito que están sin resolución.
Está visto que el sistema vigente no ha conseguido hasta ahora el resultado requerido en la persecución y castigo de este delito. Por lo que sería bueno articular nuevos mecanismos que sean más eficientes, y políticas más contundentes para obtener mejores frutos. El Estado debe disponer de nuevos y más contundentes instrumentos para la difícil tarea de combatir las organizaciones montadas, los procedimientos que tienen para burlar los controles y el sistema operativo para la comercialización.
El Ministerio Público y otros organismos judiciales deben ser más efectivos en la acusación y el juzgamiento de los delitos que cometen los contrabandistas. Tienen que articular procedimientos más eficaces y aplicar normas más apropiadas para castigar a los delincuentes, ya que, aparentemente, las disposiciones del Código Aduanero serían más adecuadas que las del Código Penal para la sanción correspondiente.
El Estado paraguayo tiene que hacer algo realmente infalible contra el contrabando. La comunidad nacional no debe seguir soportando esta gangrena dentro de su estructura económica y social. Hay que imponer finalmente el Estado de derecho, que debe regir como corresponde a una sociedad civilizada.