En menos de dos meses de aprobarse y promulgarse la Ley N° 6742, que crea “el fondo nacional de cobertura a pacientes con covid-19”, la Superintendencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) recibió una veintena de denuncias por incumplimiento de la normativa, principalmente por parte de los sanatorios privados. Cabe remarcar que la Ley Covid Gasto Cero tiene como objeto “la cobertura de medicamentos, insumos y/o estudios de diagnósticos, durante la hospitalización de personas con diagnóstico de covid-19, en centros de asistencia a la salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital Militar y Policial, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y otras entidades de salud de carácter público o en centros privados donde estas personas hayan sido derivadas por el sistema de salud pública”, según claramente se establece en su artículo primero. Es decir, la normativa garantiza la atención a todos los ciudadanos que busquen asistencia en cualquier puesto de salud y los gastos deben ser cubiertos por el ente rector sanitario.
En esencia, la ley creada en el marco de la emergencia por la pandemia del covid-19 refuerza el derecho ciudadano a la salud que en teoría garantiza la Constitución Nacional, pero que en la práctica está lejos de la realidad, ya que básicamente contradice las angurrientas expectativas de negocios en el rubro de la salud. Al menos así refleja la serie de casos de incumplimientos difundidos en una investigación de nuestro canal, a través del programa “Tierra de nadie”.
La aplicación de la Ley Covid Gasto Cero estipula trámites tan sencillos como para urgir la cobertura económica del paciente.
Para acceder al beneficio, el familiar, responsable, hospital o sanatorio privado si corresponde, debe remitir una nota al Ministerio de Salud por mesa de entrada de Secretaría General o vía correo electrónico a gastocero@mspbs.gov.py, solicitando acogerse a las leyes citadas.
Sin embargo, esta facilidad se torna dificultosa con la burocracia de los empresarios privados quienes interponen duras resistencias y desentendimientos, sin piedad de quienes buscan salvar sus vidas.
La inacción por parte de las administraciones sanatoriales para realizar este trámite tan simple de avisar al Ministerio de Salud del ingreso de un paciente covid-19 priva el derecho al beneficiario y se vuelve un tormento para los familiares a la hora de comprar los insumos médicos.
Hemos visto casos en que por la dilación de esta gestión la cartera sanitaria no pudo absorber millones de deudas de pacientes, recayendo la carga sobre los familiares. En medio de esto también surgen alevosos sobrecostos de servicios.
Denuncias de afectados revelaron inéditos cómputos de honorarios médicos como el de la liquidación de gastos en el sanatorio Samaritano, que fue un escándalo mediático. En este nosocomio facturaron a un paciente 27 honorarios por un médico de guardia durante sus 9 días de internación, algo muy difícil de ser posible, dicho por el propio doctor Jorge Zarza, médico y presidente de la Asociación de Sanatorios Privados.
La Ley Covid Gasto Cero se encuentra vigente, por tanto, debe ser acatada y terminar con las suspicacias para evadirla.
El Ministerio de Salud, como ente rector, debe articular estrategias para que sea efectiva y no dar pie a ningún argumento de los que esquivan el cumplimiento.
Los parlamentarios también conformaron una comisión de control en la aplicación de la normativa, comitiva que debe ser aprovechada por el Ministerio de Salud como respaldo para un fuerte operativo de hacer cumplir la Ley Covid Gasto Cero, sin perdón a ningún tipo de negociado ni especulación a la hora de salvar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas afectados por el virus.