Las ya predecibles reacciones del presidente del Partido Libe­ral Radical Auténtico, Efraín Alegre, acusando a otros de las responsabilidades que le competen con relación a su imputación por el caso de factura clonada, utilizando el típico y ridiculizado argumento de la persecu­ción, son estrategias políticas que ya no caben para los tiempos en que vivimos.

Intentar zafar una imputación y acusa­ción fiscal con gastados discursos es un recurso demasiado frágil y una burla a la ciudadanía que tiene el derecho de exigir pruebas, no escuchar lamentos.

El populismo de ir contra jueces y fis­cales, así como las aéreas habladurías durante su última audiencia en la que a falta de argumentos sólidos en su defensa se pasó hasta haciendo cálculos de las horas / hombre de trabajo de los funcio­narios judiciales para desacreditarlos en sus funciones, confirman que Alegre no tiene pruebas para rebatir su imputación.

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Con sobrados elementos, el fiscal Édgar Sánchez imputó y acusó a Efraín Alegre por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, produc­ción mediata de documentos públicos de contenido falso y por uso de documentos públicos de contenido falso. Se confirmó que presentaron una factura clonada por valor de G. 98 millones como parte de las rendiciones de cuentas de los subsidios recibidos para las elecciones del 2018.

A su estilo, Alegre emprendió fuertes campañas de descrédito contra la Fisca­lía y todo el Poder Judicial para desviar el tema y sacar rédito político promocio­nándose como víctima de la mafia. No explica cómo aparece esa factura clonada entre su rendición de cuentas.

Este es el modus operandi de siempre del señor Alegre.

Recordemos que en el caso del 31-M, orientó la investigación de la muerte del joven Rodrigo Quintana hacia sus intere­ses políticos. Todos los argumentos que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos introdujo en el expediente giran en torno a la victimización del presidente del Par­tido Liberal y no sobre las circunstancias del fallecimiento. Peor aún, ocultaron por años reveladoras imágenes de cómo alteraron la escena del crimen del joven, mientras aprovechaban intensas campa­ñas contra los enemigos políticos utili­zando el trágico episodio.

Cuanto más largo es el proceso judicial, también es más rentable para Alegre, que no puede con documentos aniqui­lar las posturas de la Fiscalía. Dentro de este esquema cuenta con uno de los abo­gados más expertos en chicanas judicia­les. De hecho, así logró liberar a varios operadores del partido involucrados en la alteración de la escena del crimen de Quintana, Olga Paredes y compañía, que no salieron ilesos del proceso con prue­bas de inocencia, sino porque expiraron los plazos; es decir, por prescripción de la causa.

Estas dilaciones sugieren el mismo show por parte de Alegre en el caso de la fac­tura clonada por la que no sabe respon­der y entonces declaró guerra a la Justi­cia. Desacatar las medidas alternativas a la prisión dictadas por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera para gene­rar polémica es parte del montaje que, apoyado por algunos medios de comuni­cación, no son más que mañas políticas para no someterse al proceso y politizar la causa.

La jueza Lovera resolvió elevar el caso a juicio oral y público, obviamente la defensa de Alegre anunció que apelará la decisión y con esto se alarga el camino, ya que será un Tribunal de Apelación el que deberá decidir si ratifica la elevación a juicio oral o anula dicha decisión. ¿Por qué la estrategia de seguir esquivando el proceso y no presentar documentos que derrumben la imputación fiscal?

Cualquier ciudadano, más aún los políti­cos que se jacten de líderes, ocupen car­gos públicos y representen a un electo­rado como el caso de Alegre, no pueden seguir defendiéndose con el ataque a las instituciones y a sus funcionarios.

La inocencia y la honestidad se defien­den con elementos, con pruebas, no agre­diendo a quienes tienen el rol consti­tucional de esclarecer los hechos. Esta manía de denigrar a las instituciones por estar bajo la lupa no contribuye con el proceso democrático del que tanto se vale este tipo de políticos hipócritas que se venden como patriotas, pero no son capaces de convivir en un Estado de derecho.

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