Entre las muchas tareas que la clase política tiene que realizar para este segundo año de la pandemia, debe ir achicando el exagerado gigantismo del Estado para ahorrar dinero que se puede destinar a la salud y otros requerimientos urgentes. La emergencia sanitaria ha demostrado con dolorosa crueldad que el sistema de salud de nuestro país es extremadamente pobre, y que se requieren con urgencia mayor atención, grandes inversiones en dinero y más personal especializado. Debido a la pobreza de recursos y a su utilización preferencial en el salario de los empleados estatales, durante décadas se ha dejado de lado el interés por la salud pública, la que se ocupa de la inmensa mayoría de los paraguayos que no tienen recursos para concurrir al sector privado. Debido a esa y otras carencias, el Gobierno y los demás poderes del Estado deben corregir esa actitud y rectificar su actuación.
Para ello es indispensable la reestructuración y reforma profunda del Estado, que es uno de los más grandes requerimientos de nuestro país. Para hacerlo más eficiente en la atención de las necesidades y en la mejor utilización de los recursos monetarios que aportan los ciudadanos a través del pago de impuestos.
El Congreso Nacional es uno de los organismos públicos que tienen que colaborar de manera decisiva en la materia. Pues su papel es buscar la solución a los problemas del país, elaborando las leyes que busquen eliminar los vicios de la burocracia pública y aminorar los inmensos gastos de la estructura estatal.
Hay varios proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso para la reestructuración estatal. Entre ellos el del “Servicio civil”, que propone la creación de una subsecretaría de la función pública, que dependerá del Ministerio de Hacienda y que será el ente encargado de los funcionarios estatales. La aplicación de la norma afectará a la administración central, administración descentralizada y municipios. Dispone que la única vía de ingreso y promoción del servicio civil son el concurso público, que nadie podrá ganar salario superior al del presidente de la República. Establece que los funcionarios que cometan hechos de corrupción no podrán permanecer en la función pública y menos volver a ingresar.
El otro es el proyecto de ley de “Responsabilidad fiscal” que dispone que el déficit fiscal no debe ser mayor al 1% del producto interno bruto (PIB), si la deuda es igual o superior al 36% del PIB. El aumento del gasto corriente no debe ser mayor a la tasa de inflación interanual más el 2%. En el tiempo que lleve al país volver al déficit fiscal del 1,5%, como máximo hasta el 2024, no habrá aumentos salariales ni se incrementará el gasto corriente primario. Esta propuesta también contempla que desde el 2025 en adelante solo podrán otorgarse alzas salariales si se dan en el sector privado reajustes del sueldo mínimo, y en la misma proporción. Fija que la deuda pública no deberá superar el 40% del PIB.
Otra propuesta de legislación con que se pretende modificar los usos del Estado es la de “Suministro y compras públicas”. Con este precepto se busca que las adquisiciones del Estado se hagan a los valores reales del mercado, con eficiencia y eficacia. Que los productos sean de buena calidad y lleguen a los beneficiarios en el momento necesario.
Todos estos proyectos de leyes que prevén normas que cuando se apliquen ayudarán a mejorar la estructura del Estado han sido enviados al Poder Legislativo, pero no han tenido la atención de los legisladores. Hasta ahora no han sido estudiados y no se tiene noticia si podrán promulgarse en lo que va del año.
Es curioso constatar cómo el achicamiento del Estado no se encuentra entre las preocupaciones de muchos legisladores y de cierta clase política que solo piensa en los intereses de su sector. Y que no han demostrado hasta ahora su genuina inquietud por las cuestiones de fondo que afectan al bienestar de la nación.
Es necesario que el Poder Legislativo se ocupe de analizar con urgencia los proyectos y les dé andamiento para que se pueda concretar la reforma requerida. Debe demostrar su responsabilidad política haciendo las normas que el país necesita para tener un Estado eficiente.