Un importante sector de direc­tivos de empresas del país solicitó al Gobierno que tome medidas severas contra el comercio ilegal en la frontera y la econo­mía subterránea que lo sustenta, la otra pandemia que nos afecta. Pidió decisiones drásticas contra los responsables activos y pasivos, entre los que se encuentran fun­cionarios del Estado. Sentencian que si no se pone fin a ese ilícito se está comprome­tiendo la suerte del país al frenar cualquier posible retorno a la normalidad de la eco­nomía luego de la emergencia sanitaria.

Los gremios del sector privado que englo­ban a 34 entidades de diversas actividades condenaron la desidia de las autoridades que al no reprimir y frenar el ilícito, como es su obligación, están actuando contra los intereses genuinos de la nación.

Las agrupaciones privadas se quejaron de que actualmente el contrabando es muy fuerte y está poniendo en riesgo más que nunca el empleo formal y las recaudaciones impositivas del Gobierno. Se lamentaron de que, por la invasión de la informalidad, “existe una vertiginosa y al mismo tiempo peligrosa degradación en la labor de las ins­tituciones estatales involucradas en el com­bate a este flagelo”. Por eso propusieron a las autoridades una serie de medidas para aumentar y endurecer los controles, ade­más de castigar a los contrabandistas y des­tituir y enjuiciar a los funcionarios ligados al ilícito. Señalaron que se debe perseguir el contrabando y sus actores desde el Minis­terio de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Aduanas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y hasta desde los municipios del país.

Explicaron que para los gremios del sec­tor y las empresas que dan trabajo formal, “el combate a la informalidad es vital para la seguridad jurídica y el éxito de la recu­peración económica”, lo mismo que para “el modelo de país que impulsa el desarro­llo que queremos para el Paraguay en los próximos años”.

Dijeron que el hecho de que el Estado diera recursos económicos del dinero prove­niente de préstamos y fondos propios a los informales evidencia la “falta de resultados en las tareas de formalización que se vienen encarando desde hace años”. Alertaron que la recuperación económica real que se está pretendiendo será un fracaso en caso de que la acción del Gobierno no contemple un combate firme al tráfico ilegal por parte de los organismos involucrados.

El contrabando, un viejo conocido de la rea­lidad paraguaya, está causando estragos en algunos sectores formales y pone en peligro la estructura legal y los ingresos del Estado. Las fórmulas para combatirlo son también ya conocidas: la represión, la persecución, el decomiso de las mercaderías y el apresa­miento de los delincuentes. Medidas que el Gobierno nunca ha tomado con la seriedad que se requiere a pesar de que con la gran informalidad que produce el contrabando el Estado es el principal afectado por la dis­minución de recaudaciones que agrava la situación de sus finanzas, que lo tiene al borde de la quiebra.

Ante esta situación, las autoridades respon­sables de combatir la informalidad deben asumir con patriotismo y honestidad la represión del delito y limpiar las dependen­cias del Estado de personas que no colabo­ran en la lucha. Debe incorporar funcio­narios leales a la ley para llevar adelante el combate contra este delito que tanto daño hace al país y a su sociedad.

En esta misión no solo deben trabajar las instituciones y funcionarios del Poder Eje­cutivo, como las dependencias especializa­das de Aduanas, del Ministerio de Industria y Comercio y la Policía Nacional. También deben actuar con energía la Fiscalía, impu­tando a los indiciados de haber cometido contrabando, y el Poder Judicial, que a tra­vés de los jueces tiene que imponer el cas­tigo a los responsables del delito.

La estructura estatal, que suele ser un tanto blanda con este delito, no puede seguir sos­teniendo y soportando la ilegalidad sin una labor fulminante. El que no actúa ante una transgresión debiendo hacerlo es cómplice del ilícito y también responsable de la irre­gularidad.

Los organismos y dependencias estatales encargados de reprimir este crimen deben ponerse a realizar la tarea que corresponde, eliminar el contrabando y castigar a los cul­pables. Si no, el país seguirá a merced de la ilegalidad, y la delincuencia dará otro paso para enseñorearse de nuestra sociedad.