El Gobierno está aprontando una norma jurídica que buscará dar respuestas para asegurar recursos financieros destinados a la salud, a los diversos programas sociales y de apoyo al sector privado de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Al anteproyecto ya le han bautizado con el pomposo nombre de Ley de Consolidación Económica y Contención Social. Apenas se conocieron los detalles del documento surgieron palabras de aliento y observaciones críticas que ayudarán a mejorar la norma.Uno de los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda explicó que el mencionado proyecto de ley contempla 365 millones de dólares para brindar apoyo a tres sectores principalmente: a la salud, para que tenga recursos suficientes; a los programas sociales que están quedando sin fondos y al sector empresarial más castigado y que está requiriendo auxilio para subsistir y seguir trabajando.
De los recursos previstos en el proyecto se destinarán 45 millones de dólares al IPS para el pago de subsidios a los trabajadores suspendidos temporalmente por la emergencia. Al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) le entregarán 25 millones de dólares para capitalizarlo y así poder otorgar nuevos créditos para las mipymes. A la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) le darán 3 millones de dólares para la compra de kits de alimentos que deberá distribuir a las comunidades más necesitadas.
En el Banco Nacional de Fomento (BNF) se creará un fondo de 20 millones de dólares que se destinarán a empresas y trabajadores formales que actualmente no disponen de créditos en el sistema financiero y que han sido muy golpeados por los efectos de la pandemia. También se prevén partidas para exonerar el pago de servicios básicos en un 50% para ciertos sectores y para el diferimiento del pago para un 50% de otros grupos necesitados.
En líneas generales, el propósito que se manifiesta en el proyecto de ley es plausible porque más que nunca los diversos sectores de la actividad económica están muy urgidos de recursos para enfrentar la situación. Una de las respuestas urgentes que requiere la emergencia actual es tener medidas económicas que ayuden a recuperar al sector, aumenten la producción y ofrezcan fuentes de trabajo para miles de desocupados que fueron castigados por la peste.
La norma es necesaria para insuflar capital a las áreas que necesitan ayuda y sobre todo para capitalizar a los emprendedores que quedaron sin trabajo. Pero los montos anunciados en el proyecto son insuficientes para los requerimientos de esta emergencia. Y no podrán cumplir con los propósitos señalados y las urgencias de los afectados.
Uno de los directivos del gremio de las mipymes señaló que la suma que prevé destinar el proyecto es insuficiente. Dijo que se debe tener en cuenta que son alrededor de 150.000 personas las que perdieron sus empleos y que ahora están comenzando a emprender algún trabajo por cuenta propia. El proyecto de ley establece 20 millones de dólares para crear un fondo destinado a la concesión de créditos a las personas y entidades que no pudieron conseguir préstamos de las entidades financieras porque no reúnen las condiciones formales que habitualmente se exigen.
Son cuentapropistas y trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas que están abriéndose ahora al emprendimiento por falta de fuentes de trabajo. Si esas 150.000 personas que perdieron su trabajo no hubieran decidido encarar sus emprendimientos habrían sido 150.000 desempleados más en el país. Se estima que la capitalización de las mipymes podrá traer un gran beneficio, pues así se recuperarán empleos y posteriormente habrá más aportes al fisco de las nuevas empresas.
Lo ideal sería que el Gobierno no busque armar la nueva ley sin la intervención del sector privado, que es el encargado de producir y activar la economía. Pues cuanto más rica sea en propuestas y disposiciones, será más útil para un país alicaído y golpeado.
El proyecto en preparación tiene que mejorarse con la colaboración de los empresarios del área, corrigiendo los errores que tiene. Se debe consultar la opinión y las necesidades de los emprendedores. Solo así se podrá hacer una ley que resulte realmente de utilidad para el país, porque ayudará a reimpulsar a los sectores más castigados que activan la economía y dan empleo a la gente.