La crisis rotunda que sufre la institucionalidad del país a consecuencia de los manejos poco claros en las compras covid del año pasado, que, definitivamente sumieron en un gran descreimiento al Gobierno, provocó una fuerte inestabilidad política, que amenazó incluso con el juicio al Presidente y el Vicepresidente.
Ante ello, el partido de gobierno decidió unirse para expresar que peor aún que los errores cometidos podría ser inaugurar un proceso de inestabilidad que podría darse con una interrupción constitucional. Dicho de otra manera, la ANR sostuvo al gobierno de Abdo Benítez en el poder pese a las críticas de propios referentes del partido y la no participación de Honor Colorado en la repartija del poder.
Sin embargo, fruto de su inmadurez o la ausencia de criterio, Abdo Benítez no cesa de ser el político que jugaba a especular con un sector u otro, pellizcando un rato a la oposición y otro rato a un entorno meramente zalamero que le ha hecho cometer los peores errores de su vida, perdiendo el tiempo en no asumir lo que realmente podría darle estabilidad: la cohesión de su propio partido.
Esto se está viendo en vísperas de las elecciones para autoridades del Congreso, en las que se aprecia de nuevo el síndrome de fragmentación partidaria que probablemente le dio buen rédito a Abdo durante su última presidencia del Congreso a los efectos de pelear a oponentes internos, pero que fue lamentablemente perjudicial para su gestión gubernativa. Esto se tradujo, casi groseramente, en la preferencia por un partido opositor, el PDP, para puestos clave en su gobierno, marginando a sus copartidarios.
Esta tendencia del liderazgo de Abdo se tradujo el año pasado en la consolidación de un consorcio de poder con el Frente Guasu para copar la directiva del Senado, lo cual, una vez más, impidió que sus correligionarios pudieran ejercer tal representación. Sabido es que Salomón, el actual presidente, responde más al Frente Guasu que a la Junta de Gobierno.
Cualquier gobierno del mundo puede incluir a personas de cualquier sector político en su esquema de gestión, esa es una práctica democrática. Lo que no es ético es llegar al poder de la mano de un partido y desalojarlo de la oportunidad de liderar sectores clave. Es, finalmente, un desafío a la gobernabilidad en un momento en que el país navega en la indignación y donde las figuras emblemáticas de la actual gestión, como Juan Ernesto Villamayor, son abiertamente repudiadas.
Abdo debe unir a su partido y evitar con ello que se resquebraje aún más la base de su gestión.
Caso Seprelad: Corte estudia chicana y debe destrabar el caso
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El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candía es el preopinante para destrabar, una vez más, el proceso penal que enfrentan los exministros de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
Igualmente integran la sala penal de la máxima instancia judicial César Diesel y Gustavo Santander.
El expediente está en el gabinete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio, y una vez que el alto magistrado termine de dar su voto, deberán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.
Los exministros Abdo recurrieron a la Corte buscando dejar sin efecto la resolución del tribunal de apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso, pero a raíz de las chicanas no se pudo analizar aún.
En el presente caso están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.
En el mes de junio los camaristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mismos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene suficientes motivos para poder aplicar una sanción disciplinaria a los abogados y acusados que presentan escritos dilatorios.
Chicanas pendientes de estudio
Desde abril del 2024 siguen pendientes de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la penal de garantía Cynthia Lovera.
El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
Offshore: filtración revela que Abdo no es titular sino beneficiario final
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El entorno del expresidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Para ello, envió un exhorto al gobierno de ese país para que respondan en la brevedad posible. La respuesta más lógica será que no existe cuentas bancarias a nombre del expresidente y de su esposa, Silvana López Moreira. Situación que la publicación de Gasulla ya lo advertía, por eso insistía la investigación filtrada que en realidad ambos, marido y mujer, son beneficiarios finales de las dos cuentas, de Star Capital Financial Service y Exchange Contracts International Finance.
Para el abogado Ricardo Preda, respondió a esta estrategia de la defensa del exmandatario para desligarse formalmente de las supuestas cuentas bancarias en este país insular africano.
Los entendidos en paraísos fiscales sostienen que no es la titularidad de las cuentas la que hay que investigar, sino el origen del dinero, cómo llegó tanta plata desde distintas sociedades
“Una manera correcta de solicitar información no es preguntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta porque la información que fue filtrada por un medio argentino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta”, sostuvo Preda en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en realidad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la respuesta es casi obvia, dirán que no”, expresó.
La estrategia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la Cancillería paraguaya y con la intermediación de Luigi Piccollo, cónsul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado africano surge para confirmar o negar la existencia de cuentas bancarias abiertas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.
Esa declaración sería utilizada como prueba exculpatoria y replicada por medios afines al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una operación política promovida por el cartismo para dañar su imagen.
DUDAS SOBRE LAS REMESADORAS
Los fondos ocultos enviados a Star Capital y a Exchange Contract fueron canalizados a través de empresas offshore que habrían recibido depósitos desde otras firmas aparentemente fantasmas creadas en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quiénes son los beneficiarios finales y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermediarias”, dijo.
Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacional, ya sea mediante la Fiscalía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligencia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.
“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expresidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patrimonio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy superior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresidente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.
PEÑA RESPALDA INICIAR INVESTIGACIÓN A SU ANTECESOR
El actual mandatario aseguró que su gobierno no usará al Estado como garrote político, como sí lo hizo Mario Abdo.
El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.
“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.
El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contraloría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.
Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.
En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecución”, señaló.
Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
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El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
Sin pruebas, Giuzzio evitó declarar y,a su estilo chicanero, recusó a fiscales
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El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien presentó la denuncia infundada, sin pruebas y con tinte de persecución política contra el expresidente de la República Horacio Cartes y otros, se negó a prestar declaración testifical ante los fiscales que estaban investigando el caso. Es más, Giuzzio, a su estilo chicanero, recusó a los representantes del Ministerio Público.
El escrito de la desestimación refiere que se fijó fecha y hora para una declaración testimonial del denunciante, Arnaldo Giuzzio Benítez, a fin de que pueda ampliar lo expuesto en su denuncia y arrimar documentación que permita corroborar los extremos manifestados, pero Giuzzio en la primera oportunidad solicitó la suspensión de la diligencia fiscal y negándose a prestar declaración en la segunda oportunidad.
Posteriormente Giuzzio, no contento con su negativa a declarar en el caso, presentó una recusación infundada y traída de los pelos contra los fiscales del caso demostrando su actitud chicanera en la presente investigación.
SIN SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
El Ministerio Público convocó a una reunión de trabajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrativos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determinación de la retención del IVA.
Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clientes nacionales, planillas con número de despacho y de facturas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de facturas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.
CORRESPONDENCIA EN DD. JJ.
En cuanto a las declaraciones juradas de Horacio Cartes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviembre de 2022, que coincidía sus declaraciones al asumir y al dejar el cargo.
Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enriquecimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), además que, siendo mandatario, supuestamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.