Este reclamo ciudadano sola­mente lo oyen las autorida­des en el Estado, es decir, solo perciben con sus oídos lo que se dice, no se esfuerzan por cumplir el ejercicio de escuchar, de prestar atención a lo que se oye, que es un legítimo reclamo de la gente, más todavía en momentos de pande­mia en que escasean los recursos vita­les para enfrentar las patologías, no solo la de los afectados por el covid-19 sino también de pacientes con otras afecciones. No es momento para gra­ciosamente despilfarrar recursos públicos en aquello que por las cir­cunstancias sanitarias no es prioridad del momento, y pretender tapar los vacíos financieros del Estado con un aumento de impuestos.

El sector privado, en términos gene­rales, es el más golpeado económi­camente y, sin embargo, continúa sosteniendo con sus impuestos a la trituradora de gastos del Estado. Al cierre de marzo, pese a la crisis eco­nómica, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) recaudó impues­tos con un crecimiento de los ingresos efectivos en el orden del 14,4%, com­parado con el mismo período del año pasado; es decir, en esta pandemia el sector privado está cumpliendo con sus obligaciones a pesar de la coyun­tura negativa que enfrenta a diario. El crecimiento de la recaudación recae en mayor medida sobre los impuestos del IVA que los pagamos todos, el IRE que es el gravamen a la renta empre­sarial, y el IDU, que no es otra cosa que un tributo que pagan todas las empresas por los dividendos y utilida­des obtenidas a lo largo de un año de trabajo.

Por todo lo citado, el anuncio de la senadora oficialista Blanca Ovelar de aumentar los impuestos al sector pro­ductivo, como única alternativa para mejorar la eficiencia del Estado, como mínimo genera un rechazo, por la falta de empatía en este escenario difícil que enfrenta el sector privado por la crisis sanitaria que golpea la econo­mía nacional. Lo que no se ve en un grupo de parlamentarios es su predis­posición de eliminar el incremento de los montos destinados para el pago jugoso de sueldos, aguinaldos y gastos de representación, para los funciona­rios de la Cámara Alta y del Congreso Nacional, esta medida la tomaron si dudar y sin importarles el escenario de la pandemia.

Es claro a todas luces que el problema no está en la falta de ingresos, sino en la estructura estatal, a esta corres­ponde mejorar el gasto público para lograr efectividad en los servicios públicos porque hoy en día un gran porcentaje de los ingresos tributa­rios es distribuido de forma desigual, con un elevado mantenimiento de la maquinaria estatal que absorbe sala­rios altos y privilegios.

Es necesario reorientar el gasto público para destinar esos recursos a sectores vulnerables, como salud, edu­cación y seguridad interna, que en esta coyuntura requieren de mayor capital para salvar las exigencias que impone la pandemia. Procesos que además deben realizarse de manera transpa­rente y sin corrupción.

Se vuelve urgente un consenso polí­tico para frenar el despilfarro y mejo­rar el gasto público, así como voluntad política del Ejecutivo para terminar la reforma del Estado, frenar el endeuda­miento público, y en vez de pretender incrementar impuestos o crear nuevos tributos, hay que brindar incentivos a quienes en el sector privado están sos­teniendo o generando fuentes de tra­bajo de forma legal y aportando a los ingresos fiscales.

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