En medio de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y la intranquilidad política por los pedidos de juicio político al pre­sidente de la República, se conocen ahora los aumentos salariales al personal de la Cámara de Senadores. La noticia no es nueva, pero al implementarse en un año muy sensible la convierte en un escán­dalo político difícil de soportar. Porque se da en momentos en que miles de familias paraguayas pasan muy mal al no conse­guir medicamentos para sus enfermos, por deficiencias del Estado, quienes deben ver morir a su gente en medio de la impo­tencia. Por eso este incremento salarial no es solo un hecho cruel y deshonesto sino también inmoral.

Las alzas salariales se decidieron contra todas las normas establecidas en la Ley de la Función Pública, que establece pasos administrativos que se deben dar nece­sariamente para cualquier aumento. El Senado se fue contra una ley administra­tiva del Estado Paraguayo con un simple artículo en la ley de presupuesto. Puede ser que legalmente sea admisible con ese recurso mencionado, pero el hecho en sí, el hacer tabla rasa de una disposición que busca ordenar la estructura legal del Estado, es censurable y digno de todo tipo de reproche.

Para conceder esos aumentos cuestiona­dos el Senado infló el presupuesto de la nación para el año 2021 en 13.000 millo­nes de guaraníes, con el consentimiento del presidente de la corporación, Óscar Salomón. El alza, que no alcanzó a los fun­cionarios de la Cámara de Diputados, con­templa también la suba de gastos de repre­sentación que reciben los empleados del Senado.

El “aumentazo” no cayó bien en el Gobierno porque va a contramano de los propósitos de reforma del Estado, que pre­tende fundamentalmente achicar los gas­tos de la estructura gubernamental. Lo más lamentable es que el Senado excluyó a su personal de las disposiciones expre­sas de la Ley de la Función Pública cuando lo esperable era que diera el ejemplo de cumplir con una norma de esa enverga­dura que afecta a todos los empleados del Estado. Como dijo un alto funcionario de Hacienda, esto representa un retroceso en la política de contención de los gastos rígi­dos en la que están embarcados actual­mente los organismos públicos.

Teniendo en cuenta la política de austeri­dad que lleva adelante la administración estatal, las únicas entidades que pueden recibir aumentos de acuerdo con el presu­puesto estatal de este año son el Hospi­tal Nacional de Itauguá y el Hospital de Trauma, pero las alzas se harán siguiendo las disposiciones de la Ley de la Función Pública.

El senador Pedro Santacruz señaló que el país está pasando un momento muy difícil y que las autoridades nacionales tendrían que practicar la austeridad de gastos. “Hay mucha gente sin medicamen­tos recorriendo el interior del país, y en los hospitales uno puede ver que mucha gente está sin medicamentos”, comentó el legislador. La suba que se concedió al personal de la Cámara Alta es inacepta­ble desde todo punto de vista y tendría que ser suprimida para resarcir al país de ese golpe y dar un ejemplo de cordura en este momento.

En ese sentido, el líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputa­dos, Basilio Núñez, anunció que presen­tará un proyecto de ley que deje sin efecto la disposición del aumento en la Cámara Alta. La iniciativa será acompañada por la diputada Rocío Vallejo de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ). Indicó Núñez que con el dinero que se obtenga de la derogación de los aumentos se propon­drá la compra de vacunas y medicamentos para el personal de salud que está en los hospitales y para los docentes.

La iniciativa del diputado Núñez tiene que ser aprobada primero en la Cámara de Diputados y luego debe pasar al Senado donde no se sabe qué destino tendrá. Es probable que por tratarse de un hecho escandaloso por el momento que se vive, la mayoría de la Cámara Alta le dé su visto bueno. El incremento a los funcionarios del Senado no se puede admitir y debe ser dejado sin efecto por razones políticas, económicas y humanitarias. El Congreso debe rever esa disposición para ponerse a tono con el momento que vive el país.