Cada año el inicio de labores en escuelas y colegios públi­cos pasa por un vía crucis, desde la falta de infraes­tructura adecuada para la presencia de los estudiantes en las aulas, la falta de útiles escolares que no llegan o están incompletos, las frágiles remuneracio­nes de los docentes, la exigencia eco­nómica sobre los flacos bolsillos de los padres de familia que a través de las cooperadoras escolares subsidian al Estado, entre otras congojas. Pero este año escolar está marcado por la pan­demia y el hartazgo ciudadano por las restricciones sanitarias impuestas, las precariedades educativas y mucho temor, ante la tendencia al aumento del número de infectados y fallecidos por el covid-19, con un sistema de salud defi­citario.

En este escenario estudiantes y maes­tros deben volver a clases presenciales, que son necesarias por el lado que se las vea, pero garantizando la absoluta bioseguridad de los mismos, situación que lamentablemente el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aún está lejos de llegar a cumplir al menos lo aceptable.

Las autoridades del MEC tuvieron el tiempo necesario para la planificación del nuevo período escolar y para lograr acuerdos con los gremios de la educa­ción, que posibiliten un retorno a las aulas con certezas y sobre todo con la seguridad de que las escuelas y colegios no se convertirían en polos importan­tes de contagio del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, a horas de que los chicos retomen con ganas y esperanza las cla­ses presenciales, gremios de educado­res y directores dieron el ultimátum al Gobierno de paralizar las activida­des escolares al inicio de las mismas si no hay una declaratoria de emergen­cia educativa, así como solamente ini­ciar en modalidad virtual hasta que se solucionen las falencias no resueltas por el ministro Eduardo Petta, espe­cialmente lo relacionado con el presu­puesto suficiente que garantice esa bio­seguridad.

A este escenario educativo se une el hartazgo por los escándalos de even­tuales casos de corrupción en muchos casos impunes en las esferas estatales; y, especialmente ante la pérdida de cre­dibilidad de las instituciones públicas en general y del Gobierno en particu­lar, y su falta de rendición de cuentas e impunidad; así como de permanente improvisación, tal como fue el anuncio del Ministerio de Hacienda, que trans­ferirá unos US$ 6,2 millones al MEC para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en la vuelta a clases, anuncio que solamente se hizo después de la amenaza de los gremios docentes y estudiantiles.

El retorno a las aulas es de suprema importancia porque el país debe empe­zar a retomar su normalidad, y qué mejor manera que empezar por el sec­tor educativo, que requiere recuperar el año perdido de conocimientos en el 2020, a la vez que garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes.

Asimismo, es importante conside­rar la sugerencia de Unicef, en el sen­tido de que cada vez es más fuerte el impacto de la no presencialidad en los estudiantes en las aulas de los centros educativos, porque esta situación pasa por temas asociados no solamente con el aprendizaje y el desarrollo cogni­tivo de los alumnos, sino también con aspectos asociados a la salud mental, exposición a situaciones de violencia a nivel doméstico, el desarrollo psi­coemocional, no contar con el espa­cio de socialización que constituye la escuela. También puede tener impac­tos a nivel nutricional que dependen del almuerzo escolar como parte de su dieta, entre otros señalados por el organismo internacional de las Nacio­nes Unidas.

Es vital el retorno de los chicos a las clases presenciales, hecho con lo cual no hay ninguna discrepancia, pero el Gobierno y las autoridades del MEC deben garantizar un regreso en las mejores condiciones para los docentes y estudiantes a fin de que estas no pon­gan en riesgo la salud de ellos, ni se con­viertan en polos de contagios, tal como pasó en otros países.