Oficialmente se confirma que algo non sanctis se orquestó en el acuerdo antipatriota que firmaron Petropar y la empresa argentina Texos Oil SRL para finiquitar un proceso judicial en el que el Estado paraguayo iba a pagar casi US$ 7 millones. Por primera vez en lo que va del actual gobierno la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) se pronunció en un caso con un fuerte condimento para el Ejecutivo, reconoció que en el citado escándalo encontraron una serie de irre­gularidades que deja al descubierto que todo fue un gran negociado y se habla de la comisión del hecho de lesión de con­fianza.

El inédito informe deja al descubierto que el acuerdo firmado el 2 de diciembre del 2020 firmado entre Petropar y Texos, donde también estuvo involucrada la Procuraduría General de la República, pretendió maniobrar para desangrar al Estado y el dinero se iba a repartir en gran medida entre abogados que nada tenían que ver en el caso.

El informe de la Senac se alinea con las revelaciones realizadas por el periodista Jorge Torres, en su programa “La caja negra” que se transmite los martes en la noche por Unicanal, el proceso judi­cial entre la firma argentina y la estatal nacional se inició en el 2010, y el ex pro­curador del actual gobierno, Sergio Cos­cia, habría armado toda la trama para llegar a la firma del acuerdo, bajo el argu­mento que el caso estaba por ser ganado por Texos Oil en la Justicia y que el Estado iba a terminar pagando unos US$ 31 millones y para evitar ese desembolso se pactó entregar solo US$ 7 millones, sin embargo, tal como señala la Secre­taría Anticorrupción (Senac) eso no fue verdad.

En el acuerdo Petropar, la Procuradu­ría y Texos, se comprometían a pagar al abogado Abel Germán Ávalor US$ 2,8 millones, como honorarios profesiona­les y acordados en un pacto de cuotas litis –acuerdo que firman abogado y cliente antes de que se resuelva el asunto con­tencioso por el cual el cliente se compro­mete a pagar un porcentaje del resul­tado del proceso, independientemente de si consiste en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que el cliente obtenga– pero el profesional del derecho es empleado público comi­sionado en la Contraloría General de la República y pretendía llevarse una millo­naria suma de dinero del Estado que es su empleador.

El modus operandi del escándalo Texos Oil es muy similar al del intento antipa­triótico del acuerdo entre el Gobierno paraguayo y el venezolano Juan Guaidó por una deuda que mantiene Petropar con PDVSA (Petróleos de Venezuela).

Recordemos que el The Washington Post publicó el pasado enero que exis­tían dos borradores de un contrato por el cual se pretendía condonar la deuda de Paraguay con PDVSA por unos US$ 269 millones, en este operativo el argentino Sebastián Vidal, abogado del tío del pre­sidente Mario Abdo debía recibir US$ 26 millones por mediar en la negociación. La ronda de estas negociaciones se rea­lizó en el Palacio de López en noviembre del 2019, de la reunión participaron Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil; Javier Troconis, un comisionado de Guaidó para recuperar activos de Vene­zuela, y el abogado Vidal. Este escándalo puso a Villamayor ante una interpelación en la Cámara Baja, se salvó del voto de censura gracias a los votos de los diputa­dos del oficialismo y del sector del PLRA alineados con Efraín Alegre.

Mucha coincidencia para no ser verdad. En estos dos escándalos existe una participa­ción activa de las autoridades de Petropar, asimismo, un profesional del derecho debía llevarse una “comisión por el arreglo de los impasses”, y todos los involucrados están ligados al primer anillo del actual manda­tario.

El caso de Texos Oil ahora está en manos del Ministerio Público, ellos deberán encontrar las causas que ameritan el supuesto ilícito. Pero más allá de lo que la Justicia determine en el futuro mediato, corresponde que los involucrados en los negociados antipatrióticos sean alejados de sus cargos, por la salud de la transpa­rencia que necesita el país. El presidente Abdo debería cumplir con su “caiga quien caiga” o los sospechados por motu pro­prio renuncien a sus cargos en el Estado, su presencia no solo es nociva para la democracia paraguaya, sino también para el propio mandatario y su partido político.