El país enfrenta una nueva gran ola de denuncias sobre licitaciones amañadas en la actual administración gubernamental, todas ellas con un serio daño al patrimonio del Estado. Uno de los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en uno de sus informes del año pasado advierte que uno de los problemas del Paraguay respecto al mal manejo de sus recursos públicos está focalizado en las contrataciones públicas. El análisis para nada está lejos de la realidad porque a más del acta secreta de Itaipú y las escandalosas compras de medicamentos e insumos durante la pandemia, ahora se suman las oscuras negociaciones sobre la deuda de Petropar con PDVSA, las subastas simuladas en los ministerios de Educación y en el de Tecnologías de la Información y Comunicación a favor de Huawei, así como las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas que reiteradamente beneficiaron a la superproveedora Engineering SA, empresa en la que tendría activa participación López Moreira, hermano de la primera dama; igualmente están los favores de la ministra de Trabajo a favor de ONGs, entre otros escándalos de menor cuantía.El BID, al cierre del año pasado, ubicó a Paraguay en el noveno lugar entre los países de América Latina y el Caribe con el peor gasto público, lo posicionó con un mal gasto por una estimación equivalente al 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa unos US$ 1.560 millones (G. 9,9 billones).
La desprolijidad en el manejo de la cosa pública, como lo aseveran los organismos internacionales, se ve reflejada en la renuncia de Sergio Coscia a la titularidad de la Procuraduría General de la República luego de que se conoció el acuerdo secreto con la empresa argentina Texos Oil para “frenar” una demanda y en la cual el Estado paraguayo iba a pagar unos US$ 7 millones a una empresa de maletín. Sobre este mismo caso, el presidente de Petropar, Denis Lichi, quien llegó al cargo flameando la bandera de la transparencia, hasta el momento es incapaz de explicar sus actuaciones a la ciudadanía, se atornilló al cargo y los organismos de control del Gobierno iniciaron la vieja y conocida “operación blanqueo”.
A esta falta de credibilidad y compromiso democrático en los funcionarios del primer anillo del Ejecutivo, se agrega el silencio del propio mandatario ante estos nuevos casos. Ya lo decía el diputado liberal Celso Kennedy, “si su entorno mete la mano en la lata, él se lava las manos y rápidamente se aísla en silencio”. Así como la variopinta explicación del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, durante su comparecencia ante el pleno de Diputados para explicar un opaco arreglo con el venezolano Juan Guaidó por la deuda que arrastra Petropar con la empresa caribeña PDVSA, que de llegarse a realizar el Estado paraguayo habría pagado millonarias comisiones, según denuncia del medio estadounidense The Washington Post.
En tanto la indignación ciudadana crece, en las últimas horas el empresario de la construcción José María Díaz Benza y el Centro de Industriales Metalúrgicos exteriorizaron su protesta contra los procedimientos amañados en las adjudicaciones, que se aplican en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según las denuncias, en el MOPC hay empresas “preferidas” y “amigas” del Gobierno, que son las que se llevan los principales contratos.
El caiga quien caiga quedó en el olvido, es un verso chamullero, un eslogan publicitario desgastado. El hartazgo de la gente está galopante y reclama al Ejecutivo frenar las alevosas licitaciones amañadas en el Estado, con las cuales pretenden llevarse al país en andas.