El Gobierno promulgó la ley del Presupuesto General de la Nación que regirá este año, con un aumento del 7,3% con relación al presupuesto del 2020 y un incremento de 6,4 billones de guaraníes comparado con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso. En consecuencia, en vez de achicar sus gastos el Estado desembolsará más dinero en el 2021, buena parte en obras de infraestructura, pero también en aumentos salariales y bonificaciones para grupos privilegiados de la función pública. Como sus ingresos no le alcanzarán para cubrir sus erogaciones, un porcentaje importante de sus gastos lo financiará con nuevas deudas lo que hará crecer aún más su pasivo.
Como resumen de las finanzas públicas que se manejarán en este ejercicio fiscal, se puede afirmar que este año el Estado no solo gastará más, sino que también aumentará su endeudamiento para financiar el funcionamiento del aparato estatal. Se prevé para este año un déficit fiscal inferior al del 2020, pero por encima de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que impone un saldo negativo máximo de 1,5% del PIB.
La Ley 6.672 que establece el total de ingresos y de gastos para este año asciende a 92,6 billones de guaraníes. En las cámaras legislativas se le adicionó un 8% más de erogaciones a pedido de algunos organismos públicos y por el afán de derroche de algunos legisladores que no quisieron respetar el corsé que había impuesto el Ministerio de Hacienda al proyecto de ley.
Debido al aumento de gastos que se le añadió en el Congreso, el Estado deberá financiar su presupuesto prestando dinero por 17,4 billones de guaraníes, que representa el 18,7% del total de los desembolsos. En principio, el Ejecutivo tenía proyectado endeudarse por 11,2 billones de guaraníes, pero en las cámaras legislativas le añadieron más deuda por 6,1 billones de guaraníes, con lo que este año el Estado deberá pedir prestado más plata de lo previsto inicialmente, ya que sus ingresos genuinos no van a crecer en esa proporción.
El 31,1% de las erogaciones que hará este año el Gobierno será con dinero proveniente del Tesoro, en tanto que el 18,7% será con fondos obtenidos a través de los préstamos y el 48,8% corresponderá a recursos institucionales, que es la plata de los entes y empresas públicas que tienen ingresos propios por los servicios y productos que comercializan. Del total de fondos, el 56,3% será para la administración central del Gobierno, en tanto que el 43,7% restante se destinará a los entes descentralizados.
La ley prevé la emisión de bonos del Estado por 4,2 billones de guaraníes, que se destinarán al financiamiento de la deuda pública y a la realización de obras de infraestructura.
A raíz de los incrementos añadidos en las cámaras legislativas el gasto salarial del Estado se verá inflado en más de 50.000 millones de guaraníes. Esa suma se destinará a nuevos cargos en el IPS, al crecimiento vegetativo de las universidades nacionales, a la equiparación salarial para funcionarios de Salud Pública, además de bonificaciones para funcionarios del Registro Civil y Senabico. También se prevén 13.700 millones de guaraníes para sueldos y bonificaciones de funcionarios de las cámaras del Congreso, donde, al contrario de lo que establece la ley, se podrá contratar sin concurso público a gente vinculada políticamente a los legisladores. Esto porque se incluyeron en la ley de presupuesto algunos artículos que permiten la excepción a lo establecido por la Ley de la Función Pública. De esa manera proseguirá la cuestionada práctica de dar empleo público a gente que no tiene la preparación técnica requerida.
A pesar de la crisis financiera del Estado, el presupuesto prevé más gastos que sobrepasan las posibilidades económicas, que es el principal defecto de la ley que acaba de promulgarse. Para equilibrar las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda está preparando los decretos reglamentarios que establecerán un plan financiero rígido que haga difícil los desbordes en los gastos.
Pero aunque se creen algunos frenos para los desembolsos, todo indica que este año el Estado gastará más dinero y continuará de ese modo el acostumbrado despilfarro de los fondos públicos.