El Estado paraguayo es un enorme paquidermo esclero­sado que se mueve muy len­tamente y que con su angu­rria incontenible devora gran parte de las riquezas del país sin mayor provecho para la sociedad. Por donde se lo mire, es ineficiente y no produce lo que se necesita para que la nación pueda transcurrir con fuerza hacia mejores destinos. Casi todo lo que recauda en impuestos va a parar a salarios y gastos improductivos. Su vora­cidad insaciable hace que cada año esté con saldo negativo y pida más recursos que destinar a erogaciones sin mayor uti­lidad. Hasta para pagar sus deudas tiene que contraer nuevos préstamos que van hipotecando su futuro.

En estas condiciones el Estado es insos­tenible, por lo que es necesario y urgente emprender una inteligente reformulación de su estructura para que en lugar de ser una carga sea un elemento dinamizador de la República. Por eso, cuanto antes se ideen nuevas estructuras y se hagan nue­vas leyes que ayuden a ese propósito hay que apoyarlas.

El Ejecutivo ha enviado al Congreso durante el 2020 varios proyectos de ley para mejorar el sistema de trabajo de los funcionarios y crear algunos organis­mos que hagan más simple la burocracia pública, que tienen muchos defectos que corregir. En diciembre presentó otra pro­puesta de ley denominada de “Fortaleci­miento de la institucionalidad fiscal”, que reemplazaría a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

La norma busca poner límites al déficit del fisco según los niveles de la deuda pública, para mantener un cierto equilibrio del aparato estatal. Pero quiere llevar el défi­cit fiscal hasta el 3% del PIB y sobrepasar la deuda el 40% del PIB sin la intervención del Congreso, en los casos de emergencia grave, lo que resulta cuestionable.

Incorpora algunos elementos que podrían resultar útiles para frenar el despilfarro estatal y evitar déficits muy altos, ade­más de otros elementos que ayudarían a eliminar desequilibrios imparables. Para ello crea límites y fija topes que no deben sobrepasarse.

Uno de los puntos novedosos del docu­mento es que la deuda pública no podrá exceder el 40% del producto interno bruto (PIB), límite que actualmente no existe.

En el capítulo referido al déficit fiscal, señala que el saldo negativo no deberá ser mayor al 1,5% del PIB si la deuda del Estado está por debajo del 36% del PIB. Y que el déficit fiscal no podrá ser mayor al 1% del producto interno bruto si la deuda es igual o superior al 36% del mismo. La ley actual­mente vigente señala que el déficit fiscal no podrá ser superior al 1,5% del PIB, sin importar el nivel de la deuda, por lo que la propuesta lo que agrega es aceptar el déficit hasta un cierto punto del total del pasivo.

Plantea límites más estrictos en el gasto corriente primario. En la actualidad, la ley establece que esas erogaciones no deben sobrepasar la tasa de inflación anual hasta el 4%. Eso se quiere modificar poniendo límites al gasto primario para que exceda solo hasta el 2% más de la inflación.

En cuanto a los salarios públicos, el docu­mento señala que no podrán darse aumen­tos ni reajustes en cualquier tipo de remu­neraciones de los empleados del Estado, salvo en el caso que se establezcan los rea­justes del salario mínimo para el sector pri­vado y solo en esa proporción. Con ello se quiere evitar la práctica de dar incrementos sin contar con el visto bueno del Tesoro.

Estas son algunas de las normas que prevé el plan que está proponiendo el Ejecutivo para disminuir el gasto público, además del proyecto de reforma del servicio civil y otras leyes para reestructurar el Estado.

Conociendo el problema del gigantismo estatal y su ineficiente burocracia, todo lo que se haga para achicarlo debe ser bienve­nido. A estas leyes hay que agregarles más iniciativas que vengan del sector privado, como que los empleados públicos se rijan por el Código Laboral, sin privilegios de horarios ni remuneraciones extras.

La clase política tiene que dedicarse este año a estudiar y enriquecer estas iniciati­vas en el Congreso, para que se pueda lograr la tan ansiada reestructuración del Estado. Que no es otra cosa que la disminución defi­nitiva del tamaño de ese monstruo.