Uno de los efectos secundarios de la pandemia, que desnudó nuestra realidad no solo en la salud, sino en varios aspectos de la vida del país, es que demostró el gran tamaño de la economía subterránea. Se puede afirmar sin exageraciones que una de las grandes enfermedades económi­cas y sociales del Paraguay es la informa­lidad montada sobre la ilegalidad. Esta no afecta solamente a la actividad econó­mica, sino además es responsable de la precaria situación de muchos trabajado­res y la evasión que ocasionan las bajas recaudaciones tributarias que empobre­cen al Estado.

Estudios del Banco Central del Para­guay (BCP) revelan que, antes del inicio de la pandemia, de las 870.598 empre­sas que había en el país 607.492 estaban en negro. Esto es así porque no contaban con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que es como la cédula de identi­dad de las unidades económicas. Lo que en otros términos quiere decir que el 69,77 % de las empresas opera en la informalidad, con todo lo que ello implica en evasión de impuestos, en incumplimiento de tasas legales vigentes, en empleo informal, en no pago de los aportes al IPS por sus trabaja­dores y además no figuran en el Ministerio del Trabajo. Al ser informales, no pueden tener las ventajas de ser sujetas de créditos del sistema financiero.

El informe señala que son pequeñas enti­dades, de la categoría microempresa, que dan empleo a una y hasta diez personas. La mayoría son cuentapropistas que tienen ingresos anuales de hasta 500 millones de guaraníes. Según el estudio, del total de cuentapropistas, el 90 % no contaba con la inscripción al RUC.

La mayor parte de estas empresas infor­males están en el sector comercial, restau­rantes y hoteles (el 36 %), en el de servicios sociales, comunales y personas (29 %). En el sector secundario, el 14 % de los trabaja­dores informales está en industrias y el 12 % en la construcción.

Dentro del total de empresas consideradas formales porque cuentan con RUC, que en el 2018 eran 263.106, tan solo 47.000, es decir, el 17,8 % del total, se habían inscripto en el Instituto de Previsión Social y en el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, sola­mente un pequeño porcentaje de los tra­bajadores de empresas formales contaban con la cobertura médica y social, más la posibilidad de posterior jubilación.

Estudios privados recientes indican que la economía subterránea llegaría este año a 17.146 millones de dólares, que repre­sentaría el 46 % del producto interno bruto (PIB), que significa un aumento de 3,3 puntos porcentuales con relación a la cifra del 2019, cuando se estimaba la eco­nomía informal en 16.647 millones de dólares (42,7 % del PIB). De acuerdo con estos informes técnicos, se puede afirmar sin exageraciones que la economía infor­mal superó en 25 % o 30 % el monto del presupuesto estatal y que es superior entre el 24 % y el 31 % al valor de las exportacio­nes anuales.

Así como gran parte del esfuerzo del país está enfocado ahora en enfrentar los rigo­res de la pandemia, también hay que rea­lizar un decidido trabajo para legalizar la economía en negro a fin de curar al Para­guay de esa grave enfermedad que lo des­angra. La tarea de blanquear la actividad económica implicará el esfuerzo de todos, pero principalmente del Estado y sus ins­tituciones que están en falta al no haber perseguido con el debido rigor el contra­bando y sus consecuencias en los más diversos sectores de la vida nacional.

En tren de eliminar la actividad econó­mica ilegal o reducirla se debe realizar una concertación entre el sector público y el privado. Para ello ya no tiene que ser un buen negocio hacer contrabando, evadir impuestos y trabajar en negro como los delincuentes. El Estado debe dar facili­dades para que los informales se pongan dentro de la ley, sin premiarlos. Y, en con­traparte, sancionar con dureza a los que prefieren seguir fuera de la formalidad para que todos contribuyan con el país.

Las organizaciones privadas también deben aportar su ayuda animando a los informales a pasar a la legalidad instán­dolos a asociarse a los gremios para reci­bir créditos y otros beneficios que actual­mente no pueden obtener estando fuera del orden establecido.