El 2021 será un año abultado en desafíos e incertidumbre porque todavía estarán vigentes los riesgos asociados a la pandemia y a las variables climáticas. La administración del presupuesto público también será todo un reto, puesto que deberá ejecutarse en un escenario donde no hay certeza de que mejoren los ingresos fiscales, al menos lo suficiente como para cubrir los gastos del Estado. A su vez, el déficit fiscal se mantendrá en un equivalente del 4% del Producto Interno Bruto, cifra aún muy lejana del 1,5% óptimo para nuestra economía. En tanto, el Presupuesto General de la Nación para el próximo año sufrió un nuevo incremento tras la aprobación del Senado, entre ampliaciones y reasignaciones quedó en 92,48 billones de guaraníes (13.040,2 millones de dólares estadounidenses), mucho de estos recursos financiarán más servicios personales y nuevos endeudamientos, volviendo muy rígido el gasto y en detrimento de las inversiones públicas.
Se suma el crecimiento de la deuda pública, que solo al final de octubre se situó en 11.369,6 millones de dólares, lo que equivale al 32,3% del Producto Interno Bruto, cifra que para el cierre de año volverá incrementarse. El denominado servicio de la deuda, que es el pago de los intereses y demás compromisos asumidos con los acreedores, corre el riesgo de no cumplirse ante la falta de sostenibilidad y reciprocidad en los ingresos al fisco.
Tanto analistas económicos, así como referentes de los gremios productivos, ven con profunda preocupación la situación fiscal, cuyas consecuencias terminarán con el inicio de un período de “desorden y estrés fiscal”. Bajo este panorama, para el sector privado la responsabilidad fiscal está en coma y sin posibilidades de una pronta recuperación.
En manos de los diputados está deshacer el entuerto generado en el Senado, para lo cual se espera que los miembros de la Cámara Baja se ratifiquen en su versión para disminuir la rigidez y el nivel de la deuda, que fraguó la mayoría coyuntural de la Cámara Alta.
El propio Fondo Monetario Internacional en el informe de su última misión que evaluó la economía paraguaya, si bien hizo un guiño al plan de convergencia de Hacienda, que prevé que las finanzas públicas retornen al tope de déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto en el 2024, con un nuevo gobierno en el poder, considera que sería mucho mejor que el gobierno del presidente Abdo retorne al tope de dicho déficit en el 2022 –tal como prevé la Ley de Responsabilidad Fiscal– o máximo entregar el poder al nuevo gobierno con el mismo porcentaje de saldo deficitario que él recibió.
Carlos Carvallo, ex miembro del directorio del Banco Central, también se suma a las voces de los diversos analistas que advierten al Gobierno que el país está ingresando en zona de alto riesgo. Sostiene que, para los próximos períodos, el principal desafío que tendrán a su cargo las autoridades económicas de turno será el de reencauzar y volver a la senda del equilibrio. Para ello es necesario “transmitir confianza de que volverá a los puntos de equilibrio que lo posicionaron en un sitial que fue observado como un ejemplo de estabilidad económica”.
Si bien es cierto que es un enorme desafío llevar a buen puerto la nave de la economía nacional en medio de tamaña tormenta pandémica, no es menos innegable que decisiones de altísimo riesgo pueden fracturar profundamente la estructura del navío, provocando un dañino naufragio. Por lo pronto la única verdad para el mediano plazo parece ser que el renacer de la responsabilidad fiscal en Paraguay aún está lejos de que se produzca.