Los pronósticos para el futuro cercano de nuestro país están marcados por una serie de desa­fíos que tiene que enfrentar con decisión para salir del atolladero en que se encuentra. Cercado por la emergencia de la pandemia, deberá realizar esfuerzos extraordinarios para mejorar la situa­ción económica muy golpeada sin dejar de atacar otros frentes de la realidad que requieren una atención también urgente.

Aparte del necesario crecimiento que se prevé para el año entrante, se deben tomar medidas valientes destinadas a disminuir la pobreza que aumentó con la pandemia, además de reducir drástica­mente los gastos públicos que en el Presu­puesto del 2021 seguirán siendo muy ele­vados. Y se tendrá que realizar el milagro de mejorar la recaudación sin elevar los tributos para no seguir prestando plata para los gastos corrientes.

Diferentes estudios revelan que la situa­ción actual de una porción importante de la población nacional es delicada. En estos momentos ya tenemos en el país más pobres que el año anterior y no se vis­lumbra una salida rápida porque no tene­mos a mano los instrumentos que ayuden a aumentar el empleo a mayor velocidad.

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Algunos estudios proyectan que la pobreza total en el Paraguay este año aumentará 4 puntos porcentuales sobre la cifra del 2019, lo que significa que lle­gará al 27,5% de la población nacional. Esto quiere decir que de cada cuatro habitantes del país, uno está en situa­ción de pobreza, lo que no ocurría hace ya varios años. Se estima que para volver al nivel anterior deberían pasar varios años de continuado crecimiento económico, y que no será como algunos estiman que podría ser en el 2021, sino por lo menos dos años más tarde con un buen ritmo de alza de la economía. Según este pronós­tico, si todo transcurre con normalidad y se recupera el movimiento de la activi­dad económica, solo en el 2023 se podría bajar la pobreza al porcentaje del año pasado, que era del 23,5%.

Aparte de la pobreza una gran cantidad de paraguayos sobrevive en la preca­riedad, no solo económica, sino social y jurídica porque no tiene trabajo estable ni la protección legal establecida en las leyes. De acuerdo con los datos últimos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), del total de la población ocupada solo el 39,1% son trabajadores en situación formal, por lo que el 60,9% que representan 1.510.224 personas están en la informalidad. Lo que significa que estos individuos no tie­nen contrato de trabajo legal con la pro­tección del Código Laboral, ni cuentan con el seguro social obligatorio del IPS, y como tales no son sujetos a créditos de las instituciones financieras formales.

Para superar el mal momento económico será fundamental que el Estado elimine el exceso de gastos y aumente sus ingre­sos, porque si no, todas las conquistas del equilibrio macroeconómico se van a perder. No se puede continuar con el esquema actual en que casi todo lo que recauda el fisco se gaste en sueldos públi­cos, como ocurrirá el año que viene en que de cada 100 guaraníes que perciba gastará 84 guaraníes para los salarios de los estatales. No serviría de mucho que se mejoren los ingresos si la mayor parte de lo recaudado irá a gastos ineficientes.

Otro paso necesario es que el Estado aumente sus ingresos tributarios elimi­nando la evasión que está en más del 30%. Para ello tiene que formalizar la econo­mía subterránea y de ese modo obtener más recursos sin necesidad de recurrir a los aumentos impositivos. Se estima que el 70% de las empresas de nuestro país no tiene Registro Único de Contribuyente (RUC), lo que habla del alto grado del movimiento ilegal, que no solo no contri­buye con el fisco sino que alimenta al con­trabando y otras actividades ilícitas.

Y por encima de todo, las medidas de polí­tica económica que encare el Gobierno tienen que incluir a todas las partes, en el sentido de que no solo debe preocu­parse por el desarrollo de las empresas y del mercado, sino también del empleo y el progreso de las personas, la protección legal de los trabajadores.

Solo así se podría lograr el bienestar de las mayorías, que es el fin que debe perse­guir el Estado.

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