Cerca del mediodía de este pasado viernes, en el Poder Judicial se tomó una decisión más en el caso de la muerte del joven Rodrigo Quintana. Dicho fallo indudablemente afianza el punto de inflexión que se viene efectuando en la búsqueda de justicia que llevaba adelante la verdadera víctima de los luctuosos sucesos del 1 de abril del 2017. Desde hace tres años atrás el procedimiento contencioso había sido secuestrado por intereses político-electorales, mediante el uso y abuso de sofismas jurídicos. En la causa como víctima principal del hecho constaba el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, conforme a la acusación presentada por su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, quien representaba en la causa a los padres del caído dirigente liberal, aunque los honorarios del mencionado profesional del derecho se pagaban con los recursos de la azul organización política. Esta anomalía jurídica mantuvo marginada durante todo este tiempo a la verdadera víctima, la única heredera de Rodrigo, su hija.Lo acontecido durante los últimos tres años en la investigación de la muerte de Rodrigo Quintana puede sonar a historia macondiana, de esas que parecen increíbles, pero que terminan siendo verdad. A la luz de los últimos hechos ahora se revela públicamente cómo se edificó desde un inicio un verdadero nudo gordiano, con creativas falacias en el campo jurídico y mediático, para construir una falsa verdad sobre los verdaderos móviles y supuestos autores intelectuales, se marcó una hoja de ruta para dirigir el camino de la Fiscalía y del Poder Judicial y se dispuso todo de tal forma para que la verdad real no pueda ser descubierta fácilmente, todo ello con el solo objetivo de forzar a una incriminación que satisfaga mezquinos intereses político-electorales, de eternos candidatos perdedores.
Este pasado viernes la jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejos excluyó a los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera en la causa de homicidio doloso en la cual fue víctima Rodrigo Quintana, quien cayó muerto el 1 de abril del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras los violentos sucesos del día anterior 31 de marzo (31-M), y confirmó como único representante legal de la querella a Fabián Ramírez Mora, defensor de la hija y heredera de la víctima, ya que también el caso puede dirimirse en el fuero civil en carácter indemnizatorio para ella.
La magistrada afirmó que no pueden existir dos querellas adhesivas por una sola víctima, por lo que confirmó por orden de prelación y prioridad a la hija y heredera y a su representante como titular como los verdaderos querellantes.
El abogado del caso, Guillermo Duarte Cacavelos, en su acusación presentada el 3 de abril del 2018 empieza con una descripción de los hechos ocurridos el 31 de marzo del 2017 y a lo largo de su relato siempre centra a Efraín Alegre como el blanco de los policías que irrumpieron el local partidario, con la supuesta intención de matar al líder azul, negando cualquier otra versión. El abogado, si bien actuaba como querellante en representación de los padres del joven Quintana, en los hechos siempre los puso en un último plano, para darle protagonismo al presidente del PLRA.
Ahora la Justicia empieza a tomar su verdadera hoja de ruta, no solo con la definición de las verdaderas víctimas del caso, sino también en esclarecer los verdaderos móviles y sus responsables. Así, en julio de este año se desató otra parte del nudo gordiano, cuando salieron a luz videos que los fiscales del caso tenían en su poder, pero que nunca fueron considerados. En las imágenes se ve con notoria claridad que antes y después de la muerte de Rodrigo Quintana hay una acción concertada de varias personas en la sede del PLRA con el claro objetivo de armar en toda la sede partidaria una escena del crimen que no comprometiera a quienes en la noche-madrugada del 31-M activaron en ese local y dirigieron las acciones de violencia en las calles de Asunción, llegando incluso a quemar el Congreso Nacional. En las imágenes se ve cómo cambian los cartuchos que habrían producido la muerte de Rodrigo, hasta el movimiento de enseres y computadoras que habrían arrojado información valiosa para desenredar la trama.
La implacable verdad de lo acontecido en la noche-madrugada del 31 de marzo y el 1 de abril del 2017 en la sede del PLRA debe salir a la luz, totalmente alejada de mezquinos interés político-electorales. El país y los familiares de Rodrigo Quintana merecen conocer la verdad real, y que se haga una auténtica justicia.