La ciudadanía, como quien más, continúa sintiendo los devastadores efectos del covid-19 en su salud física y metal, en su economía, en suma, en su calidad de vida. En este marco, combatir el impetuoso aumento de la desigualdad social debe ser ahora mismo la tarea inmediata del Gobierno. Implica gestionar con urgencia políticas públicas para que nuestra gente inicie un período de pospandemia con la presencia de un Estado enfocado en la erradicación de la pobreza, y por tanto, en la supresión del hambre, en la seguridad alimentaria y la nutrición, en optimizar la educación y la salud. Es decir, se debe trabajar a fondo para encontrar soluciones que achiquen al máximo las grandes brechas existentes entre los distintos grupos sociales de Paraguay, y como nunca en la historia contemporánea del país, un gobierno, como el actual, tuvo tanto acceso a recursos económicos para avanzar en estos objetivos.
El sistema político y económico de Paraguay está en riesgo. Ante un escenario como el actual, con alta desigualdad social generada por la pandemia, este se convierte en caldo de cultivo para el surgimiento de “Mesías salvadores” con modelos populistas, antipolíticos –entendiendo a la política como el servicio público–, estos “remedios democráticos” siempre terminan siendo peor que el mal que se pretendió erradicar.
Hasta el momento no escuchamos de las autoridades nacionales proyectos para el corto plazo, que tengan como objetivo frenar el rápido deterioro social en el que está sumida la sociedad paraguaya por el efecto de la emergencia sanitaria. Así, como planes para el mediano plazo, que no solo recompongan el menoscabo de la calidad de vida, sino que realmente minimicen la brecha.
Los proyectos sociales planteados por el Gobierno, como el Pytyvõ 2.0, Ñangareko, Tekoporã, entre otros similares, apenas atenúan el drama social, pero en ningún momento frenan el lento pero porfiado deterioro social de las familias paraguayas, se centran únicamente en el asistencialismo, sin otro valor agregado que ayude a los beneficiarios a desprenderse de los factores de pobreza que los ancla a esa situación. En este sentido, desde los organismos internacionales exhortan a ampliar los márgenes de las acciones públicas del Gobierno. Estas deben dirigirse a una recuperación transformadora, que armonice las respuestas de corto plazo con los objetivos de largo plazo.
Lo señalado implica repensar y ejecutar con la seriedad que impone el momento, la respuesta a la crisis sanitaria apuntalando y optimizando un sistema universal de salud. Así como encontrar mecanismos para recomponer los empleos e ingresos de los más vulnerables; es decir, las políticas públicas del Gobierno deben apuntar al pleno empleo y la erradicación de la pobreza. Eso solo se logra evitando la desaparición de las empresas, especialmente de las mipymes, por ser una de las mayores generadoras de fuentes de empleo, y que paradójicamente durante esta crisis son las que menos acceso tienen al crédito, para fortalecer sus capacidades.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, en su más reciente informe, recuerda que la población de Paraguay en situación de pobreza se situará en un 20,9% al cierre de este año, con unas notorias brechas en los ingresos de la población.
Días atrás, el ex ministro de Hacienda Santiago Peña reflexionaba sobre las eventuales salidas a la gran depresión que vive el país. Sentenciaba que podemos retroceder hasta en una década en los avances logrados en materia de ingresos de la gente. Pese a que Paraguay será uno de los países menos afectados en términos económicos, la clave para salir de la crisis está en potenciar al sector privado, que mueve realmente la economía del país y que está en capacidad de generar empleo y fuente de ingreso para los habitantes de esta nación. De ahí que, aliviar la devastadora desigualdad social, también implica proteger la democracia paraguaya.