En menos de un mes se iniciará la tradicional novena a la Virgen de Caacupé y por entonces comenzarán las peregrinaciones masivas hasta la capital serrana de personas provenientes de los más diversos puntos geográficos. Y aunque se prevean algunas variaciones con relación a la práctica habitual, la festividad tendrá su punto culminante entre el 7 y el 8 de diciembre, fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción de María.
Desde fines de noviembre y la primera semana de diciembre suelen agolparse en torno al santuario entre 2 millones y 3 millones de individuos movidos por su fe religiosa u otras motivaciones. Caacupé es no solo la más imponente festividad religiosa sino el acontecimiento popular que mayor cantidad de personas congrega en un sitio.
Este año, aunque golpeados fuertemente por la pandemia, o por eso mismo, miles de creyentes querrán llegar hasta el santuario mariano. Muchos desearán ir a agradecer por las gracias recibidas, otros van a querer cumplir sus promesas o rezar y pedir nuevos dones de lo alto.
En esta ocasión, la principal dificultad de Caacupé no será de índole religiosa ni relacionada al cumplimiento de los ritos de los peregrinantes, como comprar y prender velas o llevar agua del Tupãsy Ykua. Será sobre todo un delicado problema de seguridad, ya que no se sabe si la capacidad de las fuerzas sanitarias y de las policiales será suficiente para hacer cumplir los protocolos sanitarios de distanciamiento social, el uso de tapabocas e higienización frecuente de las manos a miles de personas que irán apiñándose en las rutas, en las calles de Caacupé y sobre todo en las cercanías del santuario. ¿Cómo atajar a los fanáticos de la peregrinación si no se ponen suficientes fuerzas públicas y con argumentos convincentes, incluso el uso de la fuerza?
Teniendo en cuenta la experiencia en administrar el comportamiento de la gente desde marzo, y a partir de la apertura de la cuarentena, la respuesta no es muy convincente. El control de la observancia efectiva de los protocolos sanitarios por los grupos sociales ha sido y sigue siendo una de las más importantes falencias del Gobierno. Y no hay elementos para creer que ante los nuevos requerimientos de aglomeración de masas que vendrán las cosas vayan a cambiar sustancialmente.
Por todo ello, Caacupé, en su versión 2020, es el mayor reto que tiene la salud pública y la seguridad de la ciudadanía. La pandemia sigue fuerte y los pronósticos médicos no dan motivos para pensar que a fines de este mes y comienzos de diciembre se liberarán todos los protocolos de rigor. Para colmo, en varios países de Europa una segunda ola del coronavirus sigue causando estragos, una noticia que no podemos ignorar.
Uno de los viceministros de Salud Pública salió a recordar que todavía no está definido si se hace o no la festividad del 8 de diciembre. Dijo que, si se percatan que en las misas previas a la fiesta principal no se cumplen los protocolos, se tendría que suspender la actividad principal de ese día. Se olvidó de recordar que para que haya un fiel cumplimiento de las medidas sanitarias tiene que haber un buen control y que esa es una responsabilidad del ministerio que representa.
Hay todavía tiempo para mejorar las medidas de seguridad y preparar vigilancias efectivas para enfrentar la nueva situación. Pero viendo la actuación de algunas autoridades, no sabemos si existe la convicción de que hay que controlar mejor el comportamiento de la gente ni si hay voluntad para concretarlo.
El obispo local, la única autoridad eclesiástica que tiene jurisdicción en la Diócesis de Caacupé, es un hombre de diálogo y ha demostrado estar dispuesto a ceñirse a las directivas sanitarias. Por eso ha dicho a los fieles que en esta ocasión hagan la peregrinación con el corazón, que las celebraciones serán con agenda previa de los fieles y se harán en la explanada de la basílica respetando las normas del Ministerio de Salud.
Pero las palabras no bastan. Buena parte de la población del país actúa sin importarle mucho las reglas ni los buenos consejos. Por lo que resultan imprescindibles los controles y, en algunos casos, hasta las correcciones. Que son responsabilidades ineludibles de los organismos del Gobierno.