Previsibilidad, confianza y credibilidad fueron algunos de los valores que desde el 2003 hasta el 2018 construyeron los gobiernos de turno, para que el Paraguay sea valorado en el concierto económico mundial. Para el efecto se crearon una serie de instrumentos que ayudaron a mantener la economía nacional en equilibrio, pese a los vaivenes económicos que envolvieron a la región y el mundo.
Uno de esos instrumentos fue la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), cuyo objetivo es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica, preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. La LRF, que ayudó a la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas durante ese período de 15 años (2003-2018), determinó que el tope aceptable del déficit fiscal sería del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), guarismo que permite dar previsibilidad tanto al ingreso como al gasto en el sector público. El actual gobierno, a diferencia de sus antecesores, desde su primer año de gestión violó la normativa –con excepción del 2018 que recibió del ex presidente Horacio Cartes un déficit del 1,3%–, y prevé mantener esa política hasta el final de su mandato, haciendo caer en gorra el trabajo de una década y media de prestigio macroeconómico logrado por el país entre los financistas internacionales.
Con la llegada de Óscar Llamosas, para reemplazar a Benigno López en la cartera de Hacienda, se albergaba una chispa de esperanza en el sentido que podrían haber algunas modificaciones en los preocupantes lineamentos establecidos por su antecesor. Esa chispa se apagó con el anunció del nuevo titular de Hacienda, quien se mantendrá en la línea de avanzar por el camino riesgoso de acrecentar el endeudamiento del país y continuar perforando el techo del déficit fiscal.
En el 2019, el actual gobierno, sin pandemia, cerró el déficit en -2,8% del PIB. Ahora el ministro Llamosas confirmó que este 2020 el país cerraría con un déficit fiscal de -7,2%, para el próximo año prevé terminar con -4%, monto que ya se estableció en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para ese año. En el 2022 se reduciría a -2,8%; en el 2023 disminuiría levemente a -2,1%, vale recordar que a mediados de ese año entregaría el mandato a su sucesor el actual presidente Mario Abdo; y en el 2024, el futuro nuevo gobierno cerraría el tope del déficit fiscal en -1,5%.
Es criticable desde todo punto de vista que las autoridades del Ministerio de Hacienda no escuchen las recomendaciones que realizan organismos internacionales, ex ministros de Hacienda y economistas expertos en finanzas públicas. El Gobierno ya se pasó y a alta velocidad todas las luces amarillas y ahora las luces en rojo.
La política de convergencia fiscal que plantea el Gobierno desde el Ministerio de Hacienda solamente acrecienta aún más la incertidumbre sobre el futuro de la economía de nuestro país. Es razonable que el Gobierno reduzca los gastos rígidos y mejore realmente la calidad del gasto para recuperar las condiciones macroeconómicas antes del 2023, porque el gasto público llegó al nivel de insostenible, se está gastando más allá de lo que realmente no se puede recaudar. Además, se superó el tope de la deuda pública y el país está ante un escenario sin espacio fiscal para enfrentar un nuevo choque o rebrote del covid-19, tal como ya sucede en otros países.
Se debe recomponer la política fiscal al mismo tiempo que el retorno a la normalidad de la economía para el 2022, año en que también se debería retornar al tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB. Para ello el Gobierno debe ser sumamente prudente en el gasto, porque aún persiste la incertidumbre para el año próximo, en un escenario sin vacuna y con rebrotes del covid-19, esa prudencia permitirá al Paraguay tener margen para enfrentar posibles choques externos o internos, que bien pueden ocurrir en cualquier momento de este incierto panorama que vivimos.