El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6622 que establece medi­das de racionalización del gasto público, cuyo proyecto se había presentado en el Congreso durante los ini­cios de la pandemia. La norma puntualiza una serie de disposiciones que tienen como propósito principal eliminar los abusos en el uso del dinero estatal desde los principa­les cargos de la función pública. Y de paso indica el camino que hay que seguir para que el Estado recorte sus excesos en la uti­lización del dinero para gastos corrientes y de ese modo se puedan canalizar los fondos hacia destinos útiles, como las inversiones. En ese sentido, la nueva ley buscará reme­diar una de nuestras grandes enfermeda­des, el exceso de gastos inútiles. Entre las normas que regula la nueva ley está que los funcionarios de Organismos y Entidades del Estado (OEE), que dependen del presu­puesto estatal y del de los municipios, no podrán percibir un salario mayor al del pre­sidente de la República, excepto los diplo­máticos que ejercen su tarea en el servicio exterior. Tampoco se permitirá el pago de sumas adicionales por cumplimiento de la obligación de asistencia en el trabajo.

La nueva ley también prohíbe la cobertura de seguro médico para la máxima autoridad y los miembros de cuerpos colegiados de los organismos públicos, y lo mismo ocurre con la provisión de combustibles para los cita­dos funcionarios. La prohibición también se extiende para la prestación del servicio de telefonía celular individual, excepto los teléfonos corporativos institucionales. La norma también impide la provisión gratuita de alimentos, bebidas, regalos y afines para acontecimientos sociales.

Otra de las disposiciones señala que en las instituciones públicas solo se permitirán los contratos y nombramientos por con­curso de mérito. Y dispone que las máximas autoridades de tales organismos no podrán contratar o nombrar en cargos públicos a parientes dentro del cuarto grado de con­sanguinidad y segundo de afinidad. Además, se limita la inclusión de colaboradores o ase­sores de cualquier denominación hasta tres personas, las que durarán en sus funciones el tiempo que estén las máximas autorida­des que las hayan contratado. El proyectista de la nueva normativa, el senador colorado Sergio Godoy, resaltó que esta ley que eli­mina algunos beneficios para las autorida­des públicas ayudará a reducir los derroches que habitualmente realiza el Estado en su maquinaria de funcionamiento burocrático. Agregó que la clase política tiene que ayudar al cuidado del dinero público.

Para entender la importancia de lo dis­puesto en la Ley 6622, hay que mencionar que los altos cargos de la función pública tienen privilegios exagerados, como dinero para cupos especiales de combustibles, el pago del uso de sus aparatos celulares, fon­dos para seguros médicos. En los organis­mos e instituciones del Estado, las máxi­mas autoridades ya tienen presupuestados en sus ingresos fondos para los gastos de representación y beneficios monetarios por responsabilidad en el cargo, por lo que pagarles además el combustible, el teléfono y demás son erogaciones innecesarias que carcomen el presupuesto público. La apro­bación y promulgación de este instrumento jurídico tan necesario causa satisfacción a vastos sectores de la sociedad nacional que está preocupada por el derroche del dinero estatal. Es un punto positivo, digno de aplauso por su importancia material y su alcance político y moral, porque no es muy ético gastar fondos públicos en remunera­ciones adicionales cuando se necesitan más recursos para los hospitales.

Uno de los graves defectos del Estado es que la mayor parte de sus ingresos monetarios se derrocha en erogaciones superfluas, como son la excesiva cantidad de salarios y otros desembolsos similares que no reportan utilidad. La actual situación de emergen­cia causada por la pandemia hace más rele­vante la necesidad de que el aparato estatal reduzca sus retribuciones dispendiosas, para que pueda aprovechar sus recursos financieros en financiar las actividades sanitarias y las inversiones que se requie­ren. El Paraguay no puede seguir gastando el dinero que no tiene y que se ve obligado a prestar para cubrir sus enormes gastos debido a su gran desequilibrio financiero. El aumento del déficit fiscal que amenaza la estabilidad macroeconómica hace aún más urgente el ahorro público como el que posi­bilitará la nueva disposición.

A buena hora, entonces, la promulgación de la Ley 6622 que ayudará a racionalizar en parte los onerosos costos del Estado.