A pesar de las advertencias lanzadas desde mediados de año por especialistas y organismos internacionales, igual ayer en la Cámara Alta del Congreso Nacional, miembros de la coalición conformada por los senadores de la “oposición” al Gobierno y del movimiento oficialista Añetete decidieron poner al Paraguay en una situación de altísimo riesgo, al aprobar los tres proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que endeudará aún más al país en nombre de la emergencia sanitaria y la reactivación económica. A la luz de la verdad y de las advertencias de conocedores de la materia, la decisión política de los 22 senadores que aprobaron los paquetes de leyes para tomar nuevos créditos constituye un acto irresponsable que empeora aún más nuestra situación económica e hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.
La aprobación de las nuevas deudas privilegia acuerdos políticos de corto plazo sobre el beneficio económico de largo plazo. Los responsables son los miembros de la coalición formada en el Senado entre legisladores del Partido Democrático Progresista (PDP), del Frente Guasu, del ala efrainista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y algunos miembros de la bancada oficialista Añetete.
Al realizar un análisis de los proyectos remitidos por el Ejecutivo al Senado, es muy claro apreciar que perfectamente se podían financiar los mismos sin llegar a un mayor endeudamiento para nuestro país.
Así, la coalición de senadores “prosobrendeudamiento del Estado” aprobó una nueva deuda por 47 millones de dólares para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a cargo del cuestionado ministro Dany Durand. Ignoraron por completo el lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre esta cartera de Estado, que detalla una serie de irregularidades en la gestión actual sobre el mal uso de recursos públicos en el ejercicio fiscal 2019. Además, desdeñaron las críticas por la baja ejecución presupuestaria que tiene esta cartera, a pesar de la demostrada falta de gestión le otorgaron más dinero, que deberá ser pagado por los contribuyentes.
Asimismo, esta coalición aprobó nuevos endeudamientos para la ampliación de los programas Pytyvõ 2.0 por 50 millones de dólares; Tekoporã por 2,7 millones de la moneda estadounidense; Mi Almuerzo Escolar en Familia, US$ 4 millones del billete verde; programa Abrazo por 300 mil dólares, y para el programa de conectividad de la Secretaría de la Juventud 1 millón de dólares, fortalecimiento a gobernaciones 17 millones de la divisa estadounidense. Además, un segundo aporte del Estado al IPS por la deuda histórica que mantiene con la previsional, por 50 millones de dólares.
Para los economistas y organismos internacionales que monitorean el riesgo país, la decisión tomada por 22 senadores es una situación muy peligrosa. Además, porque el actual gobierno tiene la responsabilidad de entregar su mandato el 15 de agosto del 2023, con un déficit fiscal menor al 1,5%, tal como lo recibió en el 2018. Sin embargo, con los nuevos empréstitos el nivel de déficit fiscal puede salirse de control y alcanzar un techo del 6% o el 7%. El año pasado, el déficit ya trepó al 3%.
Si bien en el gobierno anterior también apeló al endeudamiento, fue siempre dentro de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Durante los cinco años (2013-2018) de su mandato, pese a la capacidad de generar recursos, siempre se optó por cumplir con el nivel el déficit fiscal establecido en la ley, que estuvo por debajo del 1,5%.
La gran preocupación estriba sobremanera en que se pretende financiar gastos corrientes, que no tienen la posibilidad de generar ningún tipo de recurso directo. La palabra ahora la tienen los miembros de la Cámara Baja, que deben analizar los proyectos aprobados por la coalición de senadores “prosobrendeudamiento del Estado”, se espera de los diputados que mantengan la coherencia en la discusión de estos paquetes económicos que proponen nuevos endeudamientos y los rechacen, porque rápidamente pueden llevar el déficit fiscal del Paraguay a un punto de descontrol, por causa de componendas políticas.