A pesar de las advertencias lan­zadas desde mediados de año por especialistas y organis­mos internacionales, igual ayer en la Cámara Alta del Congreso Nacional, miembros de la coalición con­formada por los senadores de la “opo­sición” al Gobierno y del movimiento oficialista Añetete decidieron poner al Paraguay en una situación de altí­simo riesgo, al aprobar los tres proyec­tos de ley enviados por el Ejecutivo que endeudará aún más al país en nombre de la emergencia sanitaria y la reacti­vación económica. A la luz de la verdad y de las advertencias de conocedores de la materia, la decisión política de los 22 senadores que aprobaron los paque­tes de leyes para tomar nuevos crédi­tos constituye un acto irresponsable que empeora aún más nuestra situación económica e hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

La aprobación de las nuevas deudas privilegia acuerdos políticos de corto plazo sobre el beneficio económico de largo plazo. Los responsables son los miembros de la coalición formada en el Senado entre legisladores del Par­tido Democrático Progresista (PDP), del Frente Guasu, del ala efrainista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y algunos miembros de la ban­cada oficialista Añetete.

Al realizar un análisis de los proyectos remitidos por el Ejecutivo al Senado, es muy claro apreciar que perfectamente se podían financiar los mismos sin lle­gar a un mayor endeudamiento para nuestro país.

Así, la coalición de senadores “proso­brendeudamiento del Estado” aprobó una nueva deuda por 47 millones de dólares para el Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a cargo del cuestionado ministro Dany Durand. Ignoraron por completo el lapi­dario informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre esta cartera de Estado, que detalla una serie de irre­gularidades en la gestión actual sobre el mal uso de recursos públicos en el ejerci­cio fiscal 2019. Además, desdeñaron las críticas por la baja ejecución presupues­taria que tiene esta cartera, a pesar de la demostrada falta de gestión le otorgaron más dinero, que deberá ser pagado por los contribuyentes.

Asimismo, esta coalición aprobó nue­vos endeudamientos para la ampliación de los programas Pytyvõ 2.0 por 50 millones de dólares; Tekoporã por 2,7 millones de la moneda estadounidense; Mi Almuerzo Escolar en Familia, US$ 4 millones del billete verde; programa Abrazo por 300 mil dólares, y para el programa de conectividad de la Secre­taría de la Juventud 1 millón de dóla­res, fortalecimiento a gobernaciones 17 millones de la divisa estadounidense. Además, un segundo aporte del Estado al IPS por la deuda histórica que man­tiene con la previsional, por 50 millo­nes de dólares.

Para los economistas y organismos inter­nacionales que monitorean el riesgo país, la decisión tomada por 22 senadores es una situación muy peligrosa. Además, porque el actual gobierno tiene la res­ponsabilidad de entregar su mandato el 15 de agosto del 2023, con un déficit fis­cal menor al 1,5%, tal como lo recibió en el 2018. Sin embargo, con los nuevos emprés­titos el nivel de déficit fiscal puede salirse de control y alcanzar un techo del 6% o el 7%. El año pasado, el déficit ya trepó al 3%.

Si bien en el gobierno anterior también apeló al endeudamiento, fue siempre dentro de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Durante los cinco años (2013-2018) de su mandato, pese a la capacidad de generar recursos, siempre se optó por cumplir con el nivel el déficit fiscal establecido en la ley, que estuvo por debajo del 1,5%.

La gran preocupación estriba sobrema­nera en que se pretende financiar gas­tos corrientes, que no tienen la posibi­lidad de generar ningún tipo de recurso directo. La palabra ahora la tienen los miembros de la Cámara Baja, que deben analizar los proyectos aprobados por la coalición de senadores “prosobrendeu­damiento del Estado”, se espera de los diputados que mantengan la coherencia en la discusión de estos paquetes eco­nómicos que proponen nuevos endeu­damientos y los rechacen, porque rápi­damente pueden llevar el déficit fiscal del Paraguay a un punto de descontrol, por causa de componendas políticas.