Históricamente la deuda pública del Paraguay estuvo en parámetros estables, es considerada como una de las más bajas entre los países de la región, y en este aspecto el país goza de la reputación de buen pagador. Sin embargo, ante la presencia del covid-19 en el país, el Gobierno tomó una serie de préstamos para fortalecer el sistema de salud y mantener en funcionamiento el Estado –que en la totalidad supera los conocidos US$ 1.600 millones para financiar la Ley de Emergencia– lo que aumentó el pasivo de manera preocupante, pues al cierre de año rondaría el 34% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los efectos sería agrandar aún más el déficit fiscal para cumplir con el servicio de la deuda; es decir, deberíamos adquirir nuevas obligaciones para cumplir con los compromisos anteriores y entraríamos en un círculo vicioso conocido popularmente como bicicleteo.En los últimos meses y con mayor énfasis en los últimos días, varios analistas económicos vienen advirtiendo que superar el 30% del PIB en materia de deuda pública nos pone en alerta naranja y solo quedaría un margen de 10 puntos para que la deuda no llegue a alerta roja, línea en la cual ya no podríamos tomar más préstamos en las mismas condiciones, porque sería insostenible el pago. El panorama se agudiza si consideramos que la coyuntura sanitaria por el coronavirus aún no tiene epígrafe en el mundo que está enfrentando segundas olas de contagio que en algunos casos llevó a los países a retornar al confinamiento. En Paraguay, para mediados del próximo mes, estaríamos alcanzando el pico de la primera ola de contagios, la gente continuará siendo prudente con sus gastos frenando la reactivación económica en pleno.
Hoy la deuda pública es del 30,7% del PIB, lo que resulta riesgoso para una economía como la nuestra, con baja capacidad para generar empleos, con un precario desarrollo del tejido industrial, gran proporción de trabajo informal, según el propio reporte “Informe anual: Segundo año de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez”. Además, un elemento débil del país es contar un sector externo dependiente de la producción de commodities para la exportación (soja y carne), cuya característica es la fluctuación de los precios en el mercado internacional y el nulo efecto redistributivo. Hacienda estima, al finalizar el 2020, cerrar la deuda pública paraguaya en el 33,1% del PIB, y el modelo de financiamiento del déficit incorpora diversas medidas a fin de diversificar las fuentes de financiamiento.
La proyección del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el comportamiento de la deuda pública paraguaya advierte de un escenario más difícil del que prevé el Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la aparición de la pandemia, el organismo pronostica que Paraguay cerrará el 2020 con un 34,3% del PIB, lo alarmante es que, si el Gobierno continúa con la actual tendencia, la misma podría incluso llegar al 48,6% del PIB para el 2025 si no se respeta el tope del déficit fiscal del 1,5%, afirma el informe de este programa de la ONU.
En el plan financiero 2021 presentado por Hacienda al Congreso Nacional proponen ampliar el déficit fiscal al 4%, por el impacto económico que produjo la pandemia este año, a fin de proseguir con las obras públicas para la reactivación económica, esta reactivación implica a su vez una nueva deuda por 350 millones de dólares que estarán distribuidos para la compensación económica del Instituto de Previsión Social (IPS) a trabajadores cesados por la pandemia, subsidio económico Pytyvõ para las ciudades de frontera, dinamización de obras públicas, construcción de viviendas, así como financiamiento a productores a través del Fondo Ganadero y del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Para el sector privado ni más impuestos ni más deudas, son la respuesta para reactivar la economía, puesto que déficits reiterados en las cuentas del Estado no son sostenibles y quedaríamos atrapados en un eterno bicicleteo. El Congreso Nacional tiene en sus manos la responsabilidad de aprobar un plan de financiero 2021 realista, que respete los objetivos de austeridad propuestos por el fisco, que frene un eventual descontrol de la deuda pública que afectaría al bienestar del país, todo ello en sintonía con la coyuntura sanitaria y la incertidumbre que la misma aún trae aparejada para el próximo año.