La verdad y la justicia en torno al caso de las niñas fallecidas en el norte del país son una demanda indiscutible, a la que incluso ya se sumaron las voces de organismos de la comunidad internacional. Sin embargo, pretender encontrar justicia por la senda del vandalismo contra los símbolos patrios no surte ningún efecto en la con­secución de esa veracidad y castigo que se reclama, por el contrario, genera un sen­timiento de rechazo y repudio.

Los símbolos patrios, como la bandera, el escudo, el himno nacional, entre otros, son la expresión de nuestra identidad. Estos están más allá de las ideologías que podamos tener, porque son las gran­des columnas del consenso que tene­mos como sociedad, en medio de nuestra diversidad. La identidad nacional para­guaya se basa en la construcción de nues­tra condición social, cultural y territo­rial; esta cimentación centenaria con un cúmulo de valores históricos es el resul­tado del fidedigno acuerdo social al que llegamos todos en cada una de las etapas de nuestro país, y es por eso que se vuel­ven sagrados los símbolos nacionales.

El primitivo acto suscitado en la tarde del sábado, donde un grupo de personas pro­cedió a violentar nuestra identidad para­guaya, quemando la bandera nacional y pintarrajeando demandas de justicia en las paredes del Panteón de los Héroes, por el caso de la muerte de las niñas, no pasó de ser más que un torpe acto de ban­didaje, que no cobró en ningún momento el valor de una acción política, si esa era su trasnochada intención. La insulsa acción resultó funcional para desviar la atención sobre la investigación de los hechos suscitados en Yby Yaú. El terro­rismo ejecutado contra los símbolos de la heredad paraguaya no tiene ningún tipo de justificación.

Actos como el vivido en el Panteón de los Héroes no solo reflejan el sectarismo simbólico, sino que están encamina­dos a aumentar la tensión política en el país, en medio de una situación por sí misma complicada para todos, especial­mente para los sectores más vulnera­bles, a causa de la emergencia sanitaria. Ninguna expresión de odio como instru­mento político es apta para arribar a la verdad, solo se convierte en el espejo del objeto de oposición y como toda violen­cia, acarrea mayores actos de violencia.

La verdad y la justicia son inapreciables valores de la humanidad y no deben ser mancillados con acciones dogmáticas, por el contrario, deben ser construidos en medio de la presentación de evidencias e indicios que logren dar con los responsa­bles que quebrantan las normas de con­vivencia.

La Constitución Nacional garantiza el disenso dentro de su marco, así como los resortes necesarios para activar los mecanismos que permitan arribar a la verdad de los hechos. Tanto es así que precisamente el Estado de Derecho de nuestro país garantizó que los reclamos ciudadanos y mediáticos formulados con total libertad alrededor del caso ahora también estén bajo la lupa de los organis­mos internacionales.

La verdad tiene su propia fuerza incon­mensurable para salir a luz tarde o tem­prano, así como el tiempo se encarga de poner al descubierto los hechos y sus pro­tagonistas para ser juzgados por la histo­ria. Ella no requiere del pírrico favor de los ungidos de la intolerancia.