Una de las acepciones de corrupción política define como los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan intencionalmente de su poder e influencian para realizar un mal uso de los recursos financieros y/o humanos a los que tienen acceso, anteponiendo sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. Los delitos de corrupción no se dirimen con comunicados de apoyo –falsos o verdaderos–, ni con trolls en las redes sociales, ni mucho menos con la estrategia del avestruz en las altas esferas gubernamentales, ni con entrevistas en medios amigos para que higienicen la viciada imagen del presunto corrupto. Los delitos de corrupción se dirimen en los tribunales de Justicia, es en esos estrados donde se deben volcar todas las pruebas que refutan las acusaciones, es donde se debe defender el buen nombre y la dignidad del acusado. Al menos así debe ser en un Estado de derecho, como el que en teoría tiene el Paraguay. Nuestro país, según el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice CCC) 2020, realizado por la Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que analizó al sector público y privado, se ubica en el puesto 12 de 15 países evaluados. El estudio clasifica a los países por su capacidad para compartir la corrupción. Posicionarnos casi al final de la clasificación habla a las claras de que la impunidad campea en nuestro país. La corrupción es un factor disruptivo en todos los países del mundo, la diferencia entre cada país es el nivel de tolerancia a los privilegios. 

La corrupción es un acto de traición, de deslealtad con los electores que le otorgaron el poder para representarlos. La imprescriptibilidad de la corrupción es un concepto que trasciende las normativas de un país, porque el dolo cometido contra la población es un acto inhumano que viola los derechos de la gente de ese país. 

En los últimos días salieron a luz reveladores y contundentes hechos que probarían el atentado a los derechos de los niños más vulnerables del departamento del Guairá. Ellos habrían sido perjudicados en la entrega de su merienda escolar, según la Contraloría General de la República. Al parecer el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, habría montado la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) cuando era gobernador del Guairá, a fin de “adueñarse” de las licitaciones para la merienda escolar, según las investigaciones periodísticas que fueron reveladas. 

La contundencia de los supuestos hechos son tales que no queda la mínima duda de que por decoro el ministro de Estado incriminado debería dar un paso al costado, para trasparentar su actitud y permitir que la investigación de tales acusaciones no tenga la más mínima sombra de duda; porque, si es inocente de lo que se le acusa, como dice el ministro Friedmann, qué mejor que apurar la investigación ante la Justicia para demostrar su impecable conducta como funcionario público. Total, como dice el axioma, quien nada debe, nada teme. 

Si bien es cierto que todo acusado tiene el derecho a ser considerado libre de culpa hasta que se demuestre lo contrario, en el caso de la merienda escolar en el Guairá durante la administración del ministro Friedmann existe un informe de la Contraloría del Estado que emite un veredicto y reposa en el Ministerio público. Ahora se suman las aseveraciones de un supuesto ex socio comercial e involucrado en este rubro, que no solo refuerza el informe de Contraloría, sino que nos hace caer de espaldas por el relato del alcance del supuesto negociado. 

Las campañas mediáticas pro bono de decencia, los comunicados de apoyo de parte de cada agrupación que sale al paso, el juego sucio en los tribunales –conocido en el lenguaje popular como chicana–, las cuentas falsas en redes sociales, el declararse víctima de la persecución política, etc., no define la condición de inocencia de un acusado. Sí define su inocencia el refutar ante la Justicia punto por punto cada una de las supuestas falacias con las que lo acusan. La investigación mediática debe ser atendida con celeridad por el Ministerio Público y los tribunales de Justicia, así como por el propio Poder Ejecutivo, habida cuenta de las graves aseveraciones de uno de los involucrados. Se debe demostrar transparencia y enemistad con la impunidad; es decir, hay que hacer viva la remanida frase de “caiga quien caiga”.