En una extraña actitud, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pusieron en destaque ante los medios de prensa una nota enviada por el ministro de Hacienda al titular de esa secretaría de Estado en la que solicita detener las licitaciones de nuevas obras porque no hay dinero para financiarlas. Sin explicaciones, parecía una exposición innecesariamente desventajosa para el ministro de Hacienda.
El pedido -racional y prudente- no parece haber caído bien en las dependencias del MOPC cuya imagen mediática se centraba en tales acciones últimamente.
Los observadores dijeron que la pretensión de Obras Públicas con la divulgación del documento de Hacienda sería presionar contra la medida. Aunque la actitud del MOPC puede que no produzca ningún enojo, no hay duda que está mostrando la pulseada que hay dentro del Poder Ejecutivo por el manejo del dinero público, debido a la situación de escasez de recursos planteada por la pandemia en el área económica. Se explicó que con la petición de Hacienda dejarán de hacerse las obras que no tenían financiamiento propio y que no estaban sujetas estrictamente a las normas que rigen las inversiones públicas según su rentabilidad.
La nota del ministro de Hacienda al MOPC fundamenta el pedido de frenar las licitaciones porque debido al cambio del escenario económico que afecta fuertemente a las recaudaciones fiscales y la caída de la actividad económica, no hay ni habrá recursos.
Explica que la coyuntura afecta significativamente el margen de maniobra fiscal, lo que hacen necesarias medidas fiscales estrictas para emplear el plan de convergencia estatal a niveles sostenibles en mediano plazo. “Las medidas consisten en mejorar los ingresos tributarios, racionalizar el gasto público y suavizar los niveles de compromisos en el mediano plazo, atendiendo la limitada disponibilidad de recursos para el presente ejercicio fiscal…”, expresa el documento. El oficio solicita que se cancelen todos los llamados de licitación en curso y se suspendan los procesos licitatorios del año, en especial los afectados por las medidas establecidas en el Decreto 2025/19, desobligando de ciertas exigencias del Código SNIP, que requiere el dictamen favorable de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia (STP) sobre estudios de preinversión y la opinión de viabilidad de parte de Hacienda, además de los que carecen de financiamiento propio asegurado y que están en los planes del MOPC.
La nota enviada por Hacienda advierte que, si no se aplican las medidas solicitadas, las finanzas públicas se verán muy afectadas ya que no se podrán obtener resultados fiscales sostenibles en el mediano plazo, lo que pondrá en fuerte peligro la estabilidad macroeconómica del país.
La administración fiscal está preocupada por la escasez de fondos por lo que advierte al MOPC que deberá cortar todos sus proyectos que están en proceso ante la imposibilidad de respaldarlos con recursos. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, la postura de Hacienda es razonable y responde a una exigencia lógica, porque no se pueden tomar nuevos compromisos financieros ya que no hay cómo darles cumplimiento. Debido a ello incluso los vencimientos de pagos de obras en ejecución corren el riesgo en el año entrante. Ante la situación planteada, la cartera fiscal pide ajustarse los cinturones como única medida posible.
Oficialmente, el responsable del MOPC, Arnoldo Wiens, salió a aceptar en público el pedido de Hacienda y aclaró que las obras que tienen recursos no pararán, que solo se verán afectados los proyectos que todavía no se han iniciado.
Un entendido en la materia, como el ex ministro Santiago Peña, dijo que Wiens debe tener consideración sobre los límites del presupuesto, porque tiene que entender que si sigue contratando nuevas obras no se podrán pagar y en ese caso le culpará a Hacienda. Insistió que hay reglas presupuestarias que sopesar, por lo que, por coherencia, hay que atenerse a las mismas y no hacer licitaciones de nuevas obras que no tienen fuente de financiamiento.
El Paraguay está viviendo un momento de emergencia y los organismos públicos deben ajustarse a las posibilidades financieras del Tesoro para no ir contra los intereses del país. Obrar de otro modo sería pernicioso.