El plan de reactivación dado a conocer por el Gobierno se apoya fundamentalmente en los recursos financieros y la política económica que estarán a cargo del Estado. Todo el eje gira en torno a la maquinaria estatal que aparece como actor clave del proyecto de recuperación. Pero no puede ir lejos si no cuenta con la empatía, la confianza y la colaboración del sector privado, que es el que produce y paga sus impuestos. Por eso las autori­dades nacionales tendrían que infundir en las empresas certidumbre y esperanza cierta de que se va a mejorar con el plan.

La porción más importante del proyecto que costaría 2.513,6 millones de dólares la constituyen los 1.372,3 millones de dólares que se destinarán a las inversiones públi­cas. El segundo componente consta de 676 millones de dólares que se destinarán para los créditos para el desarrollo. Y el monto más pequeño, 465,3 millones de dólares, se utilizará para dar protección social y regu­larizar el empleo.

La generación de empleo a través de la inversión en obras físicas es el renglón más significativo por la suma destinada en el plan, pues se pretende generar 124.240 nue­vos puestos de trabajo directos e indirectos. Los 1.372,3 millones de dólares ya se tienen disponibles en gran medida, gracias al redi­reccionamiento de los fondos destinados a otros propósitos. Las inversiones estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), principalmente.

También se quiere hacer una reconversión empresarial y laboral a través de nuevos emprendimientos. El Ministerio de Indus­tria y Comercio (MIC) fomentará las indus­trias creativas, manufacturas livianas, servicios informáticos, la agroindustria y logística personal. Se incluirá la ayuda al comercio fronterizo, con reducción de impuestos y un régimen aduanero especial.

La ayuda para el fondeo y líneas de crédito para el desarrollo contempla la inversión de 676 millones de dólares. Con esta suma se creará un fondo a largo plazo para inversión privada, una partida para la vivienda, ade­más de la capitalización del Fondo Gana­dero, el Crédito Agrícola de Habilitación y la Agencia Financiera de Desarrollo.

Con la formalización del empleo y protec­ción social, el Gobierno quiere sacar de la economía en negro a través de la partici­pación del IPS, dando el seguro social a 770.000 trabajadores que están actual­mente en la informalidad. US$ 250 millo­nes se canalizarían al programa Pytyvõ 2.0 para beneficiar a esas personas con cuatro pagos de 500 mil guaraníes mensuales que concluirá en diciembre creando un registro único de trabajadores informales.

Algunos observadores sostienen que a pesar de los anuncios optimistas del Estado sería muy difícil la recuperación sin un papel decisivo de las empresas a las que debe atraer generando confianza y credibi­lidad a través de su política y de sus accio­nes. Esta tarea es la que deben emprender ahora los organismos públicos para que todos los sectores del país puedan contri­buir de manera conjunta para la común tarea de ir para adelante.

Uno de los cuestionamientos es que el Gobierno no ha explicado cómo y cuándo se irá disminuyendo el déficit fiscal y que debido a ello la incertidumbre rodea al plan gubernamental. No indicó qué hará para bajar el saldo negativo del fisco, que se estima será superior al 6% del PIB en el 2020 y que debería bajar finalmente al 1,5% de acuerdo con la legislación que ahora se está obviando.

También se reclama que el Ejecutivo no prevé un capítulo de normalización fiscal y monetaria para generar confianza en el sec­tor privado, las calificadoras de riesgo y las entidades multilaterales, como señaló un ex presidente del BCP.

El especialista se preguntó qué hacer con un fisco que este año tendrá un déficit del 6%, y que el año entrante podría ser otra vez de esa misma cifra y de 5% en el 2022. Señaló que la falta de claridad de cuándo se retornará al déficit de 1,5% del PIB es una de las carencias del plan presentado por el Gobierno que contribuye a mantener la incertidumbre que se tiene ahora.

Sin la colaboración del sector privado sería muy difícil recuperar la economía, por lo que es imprescindible que el Gobierno genere confianza y seguridad para llegar al objetivo.

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