El plan de reactivación dado a conocer por el Gobierno se apoya fundamentalmente en los recursos financieros y la política económica que estarán a cargo del Estado. Todo el eje gira en torno a la maquinaria estatal que aparece como actor clave del proyecto de recuperación. Pero no puede ir lejos si no cuenta con la empatía, la confianza y la colaboración del sector privado, que es el que produce y paga sus impuestos. Por eso las autoridades nacionales tendrían que infundir en las empresas certidumbre y esperanza cierta de que se va a mejorar con el plan.
La porción más importante del proyecto que costaría 2.513,6 millones de dólares la constituyen los 1.372,3 millones de dólares que se destinarán a las inversiones públicas. El segundo componente consta de 676 millones de dólares que se destinarán para los créditos para el desarrollo. Y el monto más pequeño, 465,3 millones de dólares, se utilizará para dar protección social y regularizar el empleo.
La generación de empleo a través de la inversión en obras físicas es el renglón más significativo por la suma destinada en el plan, pues se pretende generar 124.240 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Los 1.372,3 millones de dólares ya se tienen disponibles en gran medida, gracias al redireccionamiento de los fondos destinados a otros propósitos. Las inversiones estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), principalmente.
También se quiere hacer una reconversión empresarial y laboral a través de nuevos emprendimientos. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) fomentará las industrias creativas, manufacturas livianas, servicios informáticos, la agroindustria y logística personal. Se incluirá la ayuda al comercio fronterizo, con reducción de impuestos y un régimen aduanero especial.
La ayuda para el fondeo y líneas de crédito para el desarrollo contempla la inversión de 676 millones de dólares. Con esta suma se creará un fondo a largo plazo para inversión privada, una partida para la vivienda, además de la capitalización del Fondo Ganadero, el Crédito Agrícola de Habilitación y la Agencia Financiera de Desarrollo.
Con la formalización del empleo y protección social, el Gobierno quiere sacar de la economía en negro a través de la participación del IPS, dando el seguro social a 770.000 trabajadores que están actualmente en la informalidad. US$ 250 millones se canalizarían al programa Pytyvõ 2.0 para beneficiar a esas personas con cuatro pagos de 500 mil guaraníes mensuales que concluirá en diciembre creando un registro único de trabajadores informales.
Algunos observadores sostienen que a pesar de los anuncios optimistas del Estado sería muy difícil la recuperación sin un papel decisivo de las empresas a las que debe atraer generando confianza y credibilidad a través de su política y de sus acciones. Esta tarea es la que deben emprender ahora los organismos públicos para que todos los sectores del país puedan contribuir de manera conjunta para la común tarea de ir para adelante.
Uno de los cuestionamientos es que el Gobierno no ha explicado cómo y cuándo se irá disminuyendo el déficit fiscal y que debido a ello la incertidumbre rodea al plan gubernamental. No indicó qué hará para bajar el saldo negativo del fisco, que se estima será superior al 6% del PIB en el 2020 y que debería bajar finalmente al 1,5% de acuerdo con la legislación que ahora se está obviando.
También se reclama que el Ejecutivo no prevé un capítulo de normalización fiscal y monetaria para generar confianza en el sector privado, las calificadoras de riesgo y las entidades multilaterales, como señaló un ex presidente del BCP.
El especialista se preguntó qué hacer con un fisco que este año tendrá un déficit del 6%, y que el año entrante podría ser otra vez de esa misma cifra y de 5% en el 2022. Señaló que la falta de claridad de cuándo se retornará al déficit de 1,5% del PIB es una de las carencias del plan presentado por el Gobierno que contribuye a mantener la incertidumbre que se tiene ahora.
Sin la colaboración del sector privado sería muy difícil recuperar la economía, por lo que es imprescindible que el Gobierno genere confianza y seguridad para llegar al objetivo.