Mañana conoceremos la ver­sión finalísima del plan de reactivación de la economía que propondrá el Gobierno para el periodo de la pospandemia y que demandará un financiamiento de 2.500 millones de dólares. Algunos aspectos fueron hechos públicos desde hace varias semanas y lo primero que salta a la vista es la imperiosa necesidad de volver al con­trol del gasto público. El futuro del Para­guay está comprometido por varios años, especialmente por los últimos compro­misos asumidos para enfrentar la pande­mia del coronavirus y cuyos resultados fueron ensombrecidos por los múltiples escándalos relacionados con el mal uso de esos fondos y, principalmente, por las irregularidades detectadas en la adquisi­ción de insumos médicos para el Ministe­rio de Salud.

Groso modo los pilares fundamentales del plan de reactivación serán: reestruc­turación del Estado, inversión en obras públicas y vivienda, mantención del empleo y financiación de los sectores pro­ductivos. La ejecución total del plan está prevista cumplirse en 18 meses, con un cierre de la economía en -2,5% al finali­zar el presente año y un déficit fiscal del 7%, con nivel de endeudamiento del 30% del producto interno bruto al término de este ejercicio. Si bien la mayor parte del financiamiento del plan económico está cubierto con los créditos que actualmente aún están en uso, se necesitaría incurrir en un nuevo empréstito por 400 millones de dólares, que provendría de organismos financieros internacionales o emisión de bonos para su colocación en el mercado internacional y/o local.

El nuevo endeudamiento que propone el Gobierno es el aspecto más preocupante del proyecto porque, por un lado, estamos en el borde de la capacidad de continuar endeudándonos, que es el 30 por ciento del producto interno bruto. Además, aún estamos en el periodo de espera de que surtan efecto las políticas económicas implementadas, especialmente las ges­tionadas por el Banco Central del Para­guay, que desde ya hacen prever que en el segundo semestre de este año colabora­rán para una sustancial mejoría.

Una buena parte del empréstito de los 1.600 millones de la moneda estadouni­dense para financiar la Ley de Emergen­cia Sanitaria –obtenidos de organismos internacionales y colocación de bonos–, así como de otros 390 millones del billete verde que estaban en gestión antes de la pandemia fueron destinados para cubrir gastos rígidos del Estado, como el pago de salarios, jubilaciones y deuda pública. Mientras que de los 94 millones de dóla­res transferidos por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud para for­talecer el frágil sistema sanitario apenas pudieron ejecutar 4 millones, en medio de los escándalos de corrupción.

Todos estos antecedentes deben poner­nos en alerta sobre la gestión de los recur­sos para financiar el plan de reactiva­ción económica. No se debe avanzar a un gasto descontrolado en el Estado bajo el argumento de la caída de la recaudación impositiva, sobre todo cuando estamos retomando las actividades productivas y comerciales que van a levantar los indica­dores económicos en los próximos meses. Los especialistas señalan que en materia económica volveremos a equilibrarnos dentro de 12 a 24 meses.

No sería inteligente pensar que este es el momento de poner todas las cartas en juego porque “lo peor ya pasó”. La verdad es que esta pandemia es un tema aún no resuelto, no solo para el Paraguay, sino para el mundo. Además, nos está demos­trando que nos obligará a avances y retro­cesos en materia de los cuidados sanita­rios y estos a su vez definirán el ritmo del crecimiento económico. Entonces, la pru­dencia señala que es momento de esperar a que surtan efecto las primeras políticas económicas implementadas, reconvertir el gasto público en inversión, fortalecer el control del gasto y mantener en alto la guardia de los protocolos sanitarios.