El Plan de Recuperación Econó­mica, que se comenzó a elabo­rar en abril, todavía no está listo para su ejecución. Luego del anuncio de Hacienda, en la semana ante­rior, el presidente de la República pidió agregar más propuestas y afinar la pun­tería, por lo que la presentación oficial tardará aún una semana o más para ser enviado luego al Congreso. De ese modo la principal propuesta del Estado para salir de la situación desastrosa de la economía se prolongará más aún, con todos los perjui­cios que la excesiva demora significa para el país.

El programa, aprobado en general por el Presidente, al que se le añadirán algunos capítulos más, tendrá un fuerte énfasis en el empleo. Y se le agregará el pedido hecho por el mandatario de poner en primer lugar la transformación y reforma del Estado.

Con esa medida se pretende avanzar en la racionalización del gasto público, en seguir con la agenda digital para consoli­dar el gobierno electrónico con el propó­sito de modificar las relaciones del ciuda­dano común con el Estado. Se estima que este paso ayudará a encaminar los créditos para las empresas, para las familias, para la construcción de viviendas; que facilitará la formalización de la economía en negro, la protección social de los más necesita­dos y la salud para las mayorías con menos recursos.

Otro de los puntos del programa del Gobierno es el financiamiento del plan. Los especialistas del Ministerio de Hacienda han dicho que se requerirán alrededor de 2.000 millones de dólares, que se finan­ciarían principalmente con fondos que ya se tienen mediante una readecuación de varios proyectos en ejecución. Algunos han insistido en que no se necesitará recurrir a nuevas deudas para obtener los recursos, pero han abierto la puerta para pedir auto­rización al Congreso a fin de emitir bonos en el mercado interno, lo que implica que habrá nueva deuda, no del exterior sino del interior del país.

Los especialistas indicaron que se pon­drá mucho énfasis en el incremento de las inversiones públicas, que será liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC). Dijeron que habrá un fuerte acento en el gasto social, en la for­malización de los trabajadores, en el apoyo a las micros, pequeñas y medianas empre­sas. Afirmaron que se apoyará al comer­cio fronterizo, que se lanzarán obras para financiar con el sistema de asociación público privada (APP) para no depender solo del Estado.

Cuando esté listo el plan de recuperación, será enviado al Congreso para conver­tirlo en ley, con lo cual se le dará mayor peso jurídico. Pero esto significará demo­rarlo aún más para ponerlo en ejecución. Los legisladores incluso podrían atra­sarlo si no están de acuerdo con la estrate­gia del Ejecutivo. La tardanza en ejecutar planes urgentes en un difícil momento de emergencia nacional no ayudará a agilizar la recuperación, como se está esperando ansiosamente, especialmente en el sector privado que produce y genera empleos.

A pesar de que se conocen las principales grandes líneas del plan que ya fueron anun­ciadas, luego de los casos de corruptela reciente en las compras de Salud Pública para enfrentar la pandemia cunde la pre­ocupación de que la corrupción y el exa­gerado mal gasto estatal, dos de los males endémicos de nuestro país, puedan jugar­nos una mala pasada y hacer que todos los planes para salir del pozo no tengan la capacidad de sacarnos adelante.

Esto demuestra que la lucha que se plantea en la actualidad no es ni será solo contra la pandemia sino también contra las enfer­medades crónicas de deshonestidad que afectan desde décadas a nuestro país.

La sobrefacturación de las compras de insumos para Salud Pública demuestra que la corrupción es imparable, y junto con el mal gasto del Estado podrían poner en peligro la buena realización del plan de recuperación. Mientras no se modifi­que el sistema de compras públicas que debe tener más controles para eliminar la corrupción y se mejore el gasto estatal, el esfuerzo por la reactivación no servirá mucho. Por eso, aparte del esfuerzo eco­nómico, el Gobierno debe establecer una estrategia segura para que se monitoreen los procesos de gastos y compras públi­cas y cortar así la corrupción que amenaza seriamente el éxito de cualquier proyecto encarado en el país.