Más allá de los modos, las formas y la legalidad que puedan decir lo contrario y que el presidente de la República no está obligado, la invitación realizada por el presidente del Congreso Nacional al Ejecutivo del Gobierno Nacional, para que se informe a los parlamentarios y a la ciudadanía sobre la ejecución de los fondos destinados a paliar la emergencia sanitaria es una excelente oportunidad del Gobierno para darse un baño de transparencia, cuánto más ante la oleada de supuestos hechos de corrupción en varias reparticiones del Gobierno en compras para combatir los efectos del coronavirus.
Bajo este marco, no haber aceptado la invitación habría dejado en la gente un extraño sabor en la boca, una percepción de que algo no está tan bien como nos dicen.Luego de hacerse pública la nota de invitación del Congreso Nacional al Ejecutivo, para que este próximo martes se realice un encuentro y conversación con el titular del Gobierno Nacional, varios referentes del entorno presidencial, así como unos tantos juristas, salieron al paso declarando que el convite no es constitucional, que esos no son los mecanismos ni los modos, etc.
La verdad es que la pandemia alteró la normalidad, y ante una situación tan sensible que estamos viviendo, en la cual la gente realizó profundos sacrificios personales acatando la cuarentena, perdiendo sus empleos, cerrando sus negocios, asumiendo el compromiso a futuro de pagar con sus impuestos los nuevos empréstitos destinados a la pandemia, acudir al Congreso a rendir cuentas sobre el dinero para enfrentar la pandemia –que le fue otorgado al Ejecutivo como un cheque en blanco– es lo mínimo que puede hacer el Gobierno para darle certeza a la ciudadanía de que esos fondos se están manejando con la responsabilidad que exige la situación.
Si bien este martes no acudirá el mandatario al llamado del Congreso y delegará en sus ministros la rendición de cuentas –aunque lo mejor habría sido que este hito tan importante lo lidere el propio Ejecutivo– es importante que los legisladores hagan las preguntas clave para despejar toda duda, no solo sobre la ejecución de los gastos, porque la situación de salud es importante, pero no lo es todo, ya que abarca también cuestiones sociales y políticas vinculadas a la gestión del Gobierno durante la pandemia desencadenada por el covid-19.
Otro punto importe que los legisladores deben inquirir es el que está relacionado con la deuda pública destinada a financiar las medidas contra el covid-19. El país durante estos meses de emergencia sanitaria incrementó los compromisos externos hasta casi el 30% del producto interno bruto, que a criterio de los expertos es el límite máximo para endeudar al Paraguay con empréstitos del exterior. Debemos conocer con exactitud hasta qué punto pretende llegar el Gobierno con el endeudamiento externo, porque ello representa la hipoteca que asumimos todos los paraguayos con los inversionistas extranjeros.
Asimismo, los legisladores deben demandar información válida respecto de los planes de recuperación económica del Gobierno, que hasta el momento tiene más anuncios sobre el tema antes que acciones concretas que mejoren la situación económica de la gente y, que la misma, no demande nuevos préstamos internacionales.
Las reiteradas denuncias de corrupción con dinero público durante la pandemia, la desacelerada economía, y la rabia ciudadana por la falta a ayuda social y los casos de supuestos negociados son un cóctel social muy explosivo, que el Gobierno debe considerar y a tiempo gestionarlo para que no le estalle en las manos.