El informe de la Contraloría General de la República sobre la compra de insumos para el combate al covid-19 desde el Ministerio de Salud, si bien fue decisivo para empujar al Gobierno Nacional a rescindir por completo el contrato con las firmas Insumos Médicos SA y Euro­tec SA, no es suficiente. Apenas esta­mos a medio camino de revelar toda la trama de un claro escándalo de corrup­ción en medio de una situación de cri­sis sanitaria, esto solo puede culminar con la máxima sanción de la Justicia a todos los responsables de una licitación “viciada de irregularidades” en todas las etapas del proceso.

La Contraloría General de la República, en un trabajo técnico, librado de con­jeturas y subjetividades, concluyó que la licitación en cuestión fue práctica­mente dirigida y adecuada a las con­veniencias de las firmas proveedoras, en este caso pertenecientes al grupo empresarial de Justo Ferreira. Ade­más, subraya que las responsabilidades directas en el eventual ilícito apuntan, a más del Grupo Ferreira, a los funcio­narios de la Dirección Administrativa, Unidad Operativa de Contrataciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, que intervinieron en las diferentes etapas del proceso licitatorio.

Esta gran estafa la podemos resumir en dos actos. Según el informe de la Contraloría General, el Ministerio de Salud invocó la urgencia para contra­tar por vía de la excepción; sin embargo, los insumos no se entregaron de forma inmediata. Asimismo, por la premura para que lleguen los materiales médi­cos se forzó al Ministerio de Salud a entregar un anticipo de 17 mil millones de guaraníes para asegurar la pronta compra, pero no estaba estipulado al inicio de la licitación dicho adelanto de efectivo, incluso en el portal de Contra­taciones Públicas se anunciaba que el mismo “no aplica”.

En un segundo acto de este complot se revela que antes de la adjudicación y de la firma del contrato, los importadores debían presentar al Ministerio de Salud una muestra de los insumos que se iban a comprar, con sus respectivas especifi­caciones técnicas.

Dichos prototipos debían ser presen­tados el día de la apertura de ofertas, este paso básico tampoco se cumplió y este solo hecho ya era causal de desca­lificación de las firmas participantes en la licitación; sin embargo, el proceso continuó y al Gobierno finalmente se le entregó un par de cargamentos de mer­caderías, que no cumplían con lo espe­cificado en el pliego de bases y condi­ciones, que es donde se determinan las especificaciones técnicas de los produc­tos a ser comprados.

A pesar de haber invocado la urgen­cia para justificar la contratación, el propio Ministerio de Salud flexibilizó los plazos para la entrega de los insu­mos, lo cual hacía perder el carácter de urgente de este llamado licitato­rio. A estos elementos, señalados en el informe de Contraloría, se suman otros que fueron revelados y que dejan al des­cubierto la existencia de un verdadero complot entre funcionarios, en varios niveles, del Ministerio de Salud con los importadores del Grupo Ferreira, quie­nes tejieron una intrincada red para quedarse siempre con las licitaciones. No solo hoy, sino siempre y en varios lugares, tal como señalaba el ministro Arnaldo Giuzzio.

Todo lo que hasta el momento revelaron las publicaciones periodísticas sobre el extraño contrato, así como el informe de la Contraloría General de la Repú­blica, pone luz sobre un hecho, como menos miserable, porque intentó apro­vecharse del dinero público en medio de una situación humanitaria grave provo­cada por el coronavirus.

Entonces, no es suficiente la renuncia de funcionarios sospechados o la resci­sión total del contrato, todos los respon­sables del eventual ilícito, sin impor­tar quiénes fueran, deben dar con sus huesos en la cárcel. La impunidad no puede hacerse presente ante tan graves hechos que atentan contra el sistema de salud, la vida del personal de blanco, los pacientes del virus y contra los recur­sos públicos, persistir en encubrir o suavizar la situación solo pone en riesgo la estabilidad de las instituciones y el Estado de derecho. La rabia de la gente ante la corrupción es como la dinamita presionada, tarde o temprano estalla.