En las últimas horas quedó al descubierto lo indefensa que está la sociedad paraguaya ante los ciberdelincuentes, que aprovechan la mínima vulnerabilidad para lanzar sus ataques. Nuestro país carece de una normativa específica que proteja a las personas en cuanto a la seguridad de sus datos digitales, lo que nos deja totalmente desprotegidos. Una muestra de la debilidad en el sistema de protección de los datos digitales de las personas constituye el ataque de ingeniería social y suplantación de identidad que se realizó en contra de las cuentas de telefonía móvil del diputado Carlos Rejala y de los periodistas del Grupo Nación Jorge Torres y Clari Arias.

Días atrás, varios legisladores, así como comunicadores del Grupo Nación, realizaron denuncias y comentarios bien formados sobre la importación de medicamentos de dudosa calidad e insumos médicos de India y China para ser entregados al Ministerio de Salud por parte de la empresa Insumos Médicos Sociedad Anónima (Imedic SA), vinculada al empresario Justo Ferreira. Coincidentemente, días después se produjo la suplantación de identidad de los periodistas y el legislador.

Resulta sumamente grave la facilidad con la cual criminales intentaron acceder a la información que periodistas y legisladores tienen en sus aparatos celulares, sobre todo en un momento en el cual se realizan denuncias contra oscuras fuerzas económicas empotradas en el negocio de las licitaciones médicas.

Este acto criminal también atenta contra la libertad de prensa, si se considera que en los aparatos celulares de los periodistas está alojada información valiosa, entregada por fuentes que aportan datos clave para verificar las denuncias de casos de corrupción, que los periodistas van publicando.

En el caso del diputado Rejala, los criminales dieron un paso más allá de la suplantación de su identidad, ya que lo amenazaron de muerte cuando inició la investigación sobre supuestas irregularidades en la llegada de insumos hospitalarios provenientes de China.

La falta de protección de los datos digitales de las personas es un grave problema, al cual le damos poca importancia como personas y como Estado. Es una materia pendiente de las autoridades nacionales trabajar en un marco legal que brinde protección a los datos de las personas, como son los biométricos recopilados por seguros médicos, el billetaje electrónico, los que reúnen las empresas telefónicas, de identidad, las entidades bancarias, las propias instituciones del Estado, los supermercados, entre tanto otros.

Hasta el momento la Agenda Digital, que impulsaría el diseño y aprobación de una norma de protección de los datos de las personas, sigue aplazada pese a la ingente cantidad de dinero aportada al proyecto, recursos que debemos pagar todos con nuestros impuestos.

Los habitantes del Paraguay necesitamos con urgencia una Ley de Protección de Datos Personales, que asegure la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que aporta cada persona, la cual tiene valor sustancial. La falta de una legislación sobre el tema está permitiendo a los delincuentes atentar contra los derechos de las personas a su privacidad, facilitando la generación de grandes fortunas malhabidas e incluso el propio Estado se pone en peligro.