La pandemia de la COVID-19 no solo contagió a cientos de personas afectando su salud, sino que también impacta fuertemente en la economía de casi todas las empresas y de sus trabajadores. Se estima que la pandemia económica infectará al 70% de la producción nacional, principalmente a los servicios y comercios; en este escenario, una de las cosas preocupantes es el acoso politiquero contra las empresas, queriendo cargar sobre ellas obligaciones impositivas en medio de la crisis.La pandemia económica, en lo que va de esta coyuntura sanitaria, obligó a unas 2.000 empresas a suspender sus actividades laborales en Paraguay, y por efecto dominó unos 38.000 trabajadores se quedaron sin sus contratos de trabajo.

El Estado paraguayo es pesado, tiene muchos gastos, el pago de salarios y privilegios en la función pública depende de las recaudaciones tributarias que obtengan en estos meses, pero las empresas están en paro y están impedidas de responder a los compromisos fiscales que se les pretende cargar, sin que hasta el momento haya una reactivación gradual de los sectores económicos, lo que acentúa más la calamidad económica.

En el mundo y en la región está en marcha una serie de medidas destinadas a contener el choque económico, van desde descuentos o suspensión de pagos de servicios básicos como agua y energía eléctrica, pasando por programas de asistencia social en el sector informal, a través de billeteras electrónicas o la entrega de kits alimenticios, entre otras opciones.

A su vez, los organismos multilaterales de crédito destacan como positivo el buen gesto de varios gobiernos de América Latina, que optaron por aplazar o disminuir los impuestos. En este punto, lamentablemente Paraguay, juntamente con México, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, engrosan la lista de aquellas naciones que se niegan a aplicar esta medida, la misma que brindaría un espaldarazo a las empresas, para sostener su presencia en el mercado y garantizar el empleo de sus trabajadores.

Es indiscutible que ahora mismo la prioridad es preservar la salud de las personas, pero a la par se debe volver efectivo el estímulo económico para las pequeñas y medianas empresas, a fin de evitar que más de ellas cierren sus puertas por falta de liquidez y con ello acrecentar el despido de más trabajadores, en este aspecto la perspectiva es que habría un nivel de desempleo de entre 200.000 a 500.000 personas.

A estos elementos se suma la posibilidad de la mala utilización de los recursos públicos y de los nuevos empréstitos, lo que significará una carga muy pesada para los paraguayos y durante varios años. Lamentablemente, en las últimas horas se hicieron públicas varias denuncias de compras sobrefacturadas en instituciones como Petropar, Dinac, Ministerio de Salud y en otra decena de entidades del Estado.

El desafío del Gobierno, a más de preservar la salud de la población, también pasa por evitar que nos colme la pandemia económica, se impone la gestión eficiente de la ayuda social y los estímulos a las empresas, para evitar la pérdida de más puestos de trabajo, ejecutar un gasto transparente y argumentado de los recursos públicos, además de frenar el acoso politiquero a las empresas.