En momentos en que muchas empresas ya han comenzado a suspender la tarea de sus tra­bajadores, porque por la situa­ción económica no pueden continuar operando con normalidad, y otras están viendo cómo caen estrepitosamente sus facturaciones, algunos sectores polí­ticos hablan de aumentar los impues­tos. Quieren mejorar las recaudaciones de las arcas del Estado, tratando de dar nuevos golpes a los que están sufriendo las más duras circunstancias.

Quieren que paguen esos incrementos tributarios justamente esas compa­ñías que están por cerrar y otras que están luchando desesperadamente por subsistir, como quien trata de asfixiar a alguien que se está debatiendo con des­esperación entre la vida y la muerte.

La propuesta del alza impositiva no ha venido precisamente en el momento más apropiado porque de hecho está golpeando como una grave amenaza a la misma gente, que en estos momentos se ve castigada por la emergencia sani­taria y por los efectos colaterales que tiene el coronavirus con la distensión de la economía y sus consecuencias nefastas entre los más débiles, que son los trabajadores.

En el período legislativo del año pasado se aprobó una reforma tributaria que entró a regir en enero de este año, que contempla medidas impositivas más pesadas que las anteriormente existen­tes. Esa nueva imposición tributaria vendrá a pesar este año sobre el lomo de las entidades que se han encontrado de golpe y porrazo con esta emergencia económica. Y encima de esas golpea­das espaldas quieren poner ahora nue­vas cargas impositivas para hundirlas más aún.

Referentes del Frente Guasu en las cámaras legislativas hace mucho tiempo que vienen blandiendo como un sable peligroso el pedido de aumentar los tributos a la producción agrícola, ganadera, industrial y a las exportacio­nes. Por suerte para el país, en el 2019 y en los años legislativos anteriores en el Congreso se ha logrado desalentar la nefasta intención de castigar a los que producen y dan empleo.

Gracias al equilibrio y al esfuerzo de los legisladores conscientes de la reali­dad, hasta ahora no se ha caído en esa terrible situación. Porque se tiene jus­tamente el ejemplo de algunos países vecinos con ese tipo de sistema impo­sitivo que castiga a los emprendedo­res, sean del campo o la ciudad, que se encuentran con el dilema de producir y ser castigados por el Estado o quedarse sin hacer nada y desactivar sus empre­sas.

En los últimos días ha surgido una pro­puesta de imponer una retención del 5% a las exportaciones de soja, con el argumento de que es un impuesto que se va a recaudar con rapidez para hacer que los exportadores paguen un tri­buto que tal vez irá finalmente sobre la ganancia de los productores del campo.

Dijeron que es el momento de impo­ner esa carga porque el dólar está con una cotización en alza. Se olvidaron que el mercado internacional de com­modities está severamente golpeado por la crisis de China, que la cotiza­ción mundial del grano está muy baja y que no hay garantías de que se puedan hacer transacciones normales. Hasta el petróleo tan necesario está en caída. No tuvieron presente que la pande­mia del COVID-19 está produciendo un severo terremoto en las más diversas potencias del mundo y que no se sabe cómo, cuándo y dónde terminará esta tragedia.

A la gente del Frente Guasu y a los que piensan como ellos hay que decirles que en un momento de emergencia como este, los principales esfuerzos políticos deben destinarse a mante­ner los empleos de la gente y a procu­rar trabajo para los que lo han per­dido. Que para ello hay que sostener a toda costa a las empresas que produ­cen, generan ocupación y pagan sala­rios a los trabajadores. Y que pretender ir contra ellas con cualquier pretexto es criminal porque solo van a castigar a los más débiles, que son las mujeres y los hombres de todo el país que necesi­tan un trabajo digno para mantener a sus familias.

Lo que el Paraguay necesita ahora no son más empresas en quiebra y trabaja­dores sin empleo, sino gente con trabajo seguro en entidades que generan riqueza para el equilibrio económico del país.