En tiempo récord el país tiene ahora el instrumento legal que le permitirá enfrentar las con­tingencias causadas por la pan­demia del COVID-19. En tan solo 48 horas las dos cámaras del Congreso Nacional aprobaron sin modificaciones sustan­ciales el proyecto de ley preparado por el Ejecutivo que declara en estado de emer­gencia todo el territorio nacional y esta­blece medidas administrativas, fiscales y financieras para encarar los desafíos de la enfermedad. Como en pocas ocasio­nes, la clase política olvidó sus diferencias y dando signos de madurez privilegió el bien común por encima de cualquier otra inquietud.

La ley de emergencia es lo mejor que se pudo lograr en tan poco tiempo para atender la situación, a pesar de los defec­tos que tiene y que fueron objeto de crí­tica. La rapidez en la acción es uno de los principales requerimientos ante la terri­ble pandemia que se cierne sobre nuestra sociedad, que ya ha tenido que lamentar sus primeras bajas.

Con la ley en la mano, ahora el Gobierno ha comenzado la tarea de buscar el dinero que se le autoriza para financiar con rapidez las compras y las inversiones más urgentes para las necesidades sani­tarias y la atención de los requerimientos de los sectores sociales más desprotegi­dos de nuestra sociedad.

La pregunta que se impone ahora es de dónde y cómo se conseguirán los fondos para hacer frente a la situación. El minis­tro de Hacienda ha respondido que el Gobierno ya ha estado haciendo gestio­nes para ello con los organismos financie­ros internacionales, lo que hace pensar que la liquidez financiera está garanti­zada para nuestro país. Dijo que el primer paso es dotar de recursos financieros e infraestructura a Salud para salvar vidas y garantizar la salud de los paraguayos.

Destacó que, gracias a la buena política económica construida desde hace 15 años, el país no tendrá problemas para conseguir créditos. Agregó que para ello se viene conversando sobre el tema con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarro­llo de América Latina (CAF) y otros refe­rentes del mercado financiero mundial. Reconoció que el desafío que ahora se tiene es cómo usar bien los recursos eco­nómicos ante la contingencia.

El Paraguay tiene que conseguir ahora los 1.600 millones de dólares que le autoriza la ley mencionada. De acuerdo con lo esta­blecido por la norma, el Gobierno podrá contratar la deuda mediante convenios de préstamos con organismos interna­cionales multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial. También autoriza al Ejecu­tivo a emitir y colocar bonos del Tesoro en el mercado nacional e internacional. Con estos mecanismos se piensa que el país obtendrá los fondos que necesita.

Del total de la suma conseguida, 500 millones de dólares se destinarán para la salud pública, sea para compra de medi­camentos e insumos, equipos sanitarios, ampliación de hospitales, contratación de más personal médico para enfrentar la demanda creciente.

Otros 400 millones de dólares se utiliza­rán para gastos sociales, como subsidio temporal a los trabajadores más necesita­dos, ayuda alimentaria, socorro por sus­pensión de contratos laborales.

También se prevé atender las necesida­des de urgencia de las pequeñas, micro y medianas empresas. Para eso se cana­lizarán créditos especiales a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y otros organismos similares. Las mipymes podrán acceder a las líneas de crédito de forma inmediata por la emer­gencia actual en el sistema bancario, siempre que no tengan problemas finan­cieros anteriores.

El Gobierno planea ocuparse además de las necesidades del sector privado para liberarlo de cargas varias para que se pueda de ese modo mantener los empleos. El resto de los fondos se utili­zará para los gastos de funcionamiento del aparato estatal que estima un impor­tante déficit a causa del bajón previsto en las recaudaciones fiscales.

El primer paso para atender las necesida­des económicas ocasionadas por la pan­demia del coronavirus, la sanción de la Ley de Emergencia, ya se ha dado. Ahora el Gobierno a través de sus organismos especializados debe comenzar a conse­guir los recursos financieros que se nece­sitan que, según el responsable del fisco, se verá facilitado por la buena situación de la macroeconomía en los últimos tres lustros.