La ley que declara estado de emer­gencia en todo el territorio nacio­nal y establece medidas adminis­trativas, fiscales y financieras para hacer frente al COVID-19 tiene que aplicarse con rapidez. No es una norma perfecta, pero tiene las disposiciones básicas que el país necesita en esta emergencia para financiar los gastos de la salud, ayudar a los secto­res sociales más vulnerables y encarar los requerimientos más urgentes. La situación hace que se deban dejar de lado las discu­siones porque actuar con rapidez es lo más necesario y prudente.Una de las justificaciones que tiene la ley de emergencia es destinar 514 millones de dóla­res al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para que los utilice en la duplicación de camas para terapia intensiva, la compra de insumos hospitalarios, la adquisición de más reactivos para aumentar los tests que detec­tan el COVID- 19 y de equipos de bioseguri­dad para el personal hospitalario.

La norma establece que el Poder Ejecutivo podrá contratar empréstitos varios hasta el equivalente a 1.600 millones de dólares para hacer frente a los gastos que demandará la situación de emergencia nacional creada por la pandemia. El 40% de esa suma se utilizará para gastos de funcionamiento del Estado.

Podrá hacerlo mediante convenios de prés­tamos con organismos internacionales, multilaterales, bilaterales y de ayuda oficial. Al mismo tiempo, autoriza al Poder Ejecu­tivo a la emisión y colocación de bonos de la Tesorería General en el mercado interno o internacional.

El documento señala que los fondos obte­nidos serán destinados exclusivamente a financiar las medidas de emergencia y los efectos económicos de la crisis sanitaria del coronavirus, incluyendo los gastos corrien­tes y los adelantos a corto plazo del Banco Central del Paraguay (BCP).

También autoriza al Ejecutivo a reasig­nar una porción o el total de los saldos no comprometidos de los contratos de présta­mos que hayan sido aprobados por ley y se encuentran en etapa de ejecución. Remarca que los recursos reasignados se deberán des­tinar solamente a financiar los gastos de la emergencia nacional.

Otra de las disposiciones apunta a que los fondos que provengan de saldos iniciales de caja del ejercicio fiscal de este año, que corresponden a recursos institucionales de los organismos del Estado, podrán ser rea­signados a partidas del Tesoro para financiar el presupuesto de las entidades afectadas directamente a la atención de la emergencia sanitaria.

Se faculta además al Ejecutivo a aceptar y aprobar por decreto las donaciones, coopera­ciones, subvenciones otorgadas por gobier­nos extranjeros u organismos internacio­nales y naciones, siempre que no impliquen firma de convenios especiales. Los présta­mos que otorgue el Ministerio de Hacienda a las empresas públicas se harán en acuer­dos especiales en los que se establecerán las tasas de interés, los plazos, las condiciones de rescate anticipado, canjes y otras condi­ciones.

Además de los mecanismos de cómo se debe distribuir el dinero obtenido con emprés­titos y otros mecanismos por el Estado, la ley contempla el sistema de control en la rendición de cuentas para que haya trans­parencia en el manejo de los recursos. Para ello designa a dos dependencias estatales especializadas. La primera es la Secretaría Nacional Anticorrupción, que deberá encar­garse de establecer los lineamientos para dar transparencia en la administración de los fondos que se obtengan para la emergencia.

La ley dice que para la prevención de hechos de corrupción, la mencionada secretaría deberá fomentar la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas. Para ello deberá habilitar mecanismos para recibir denuncias sobre presuntos hechos de corrupción relacionados a la ley de emer­gencia, además de la realización de procedi­mientos administrativos para esclarecer los hechos denunciados con el fin de derivarlos después a las instancias que correspondan. También se autoriza a la Auditoría Gene­ral del Poder Ejecutivo a realizar el segui­miento, monitoreo y auditoría a las institu­ciones que ejecuten proyectos y programas con la utilización de los fondos obtenidos. Esto, aparte de la Contraloría General de la República.

Los organismos públicos encargados de poner en marcha las disposiciones de la ley de emergencia sanitaria deben iniciar pron­tamente la tarea. La pandemia se está exten­diendo rápidamente y se requiere celeridad para hacer frente a los crecientes desafíos. En la medida que se obre con prontitud, el país será más eficiente para enfrentar con éxito la emergencia.