El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que declara estado de emer­gencia en todo el territorio nacional y establece medidas admi­nistrativas, fiscales y financieras para enfrentar la pandemia del coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El documento prevé endeudar al país por 1.600 millones de dólares a través del aumento de la deuda con préstamos y bonos para hacer frente a la emergencia sanitaria y enca­rar las urgencias económicas y sociales ocasionadas por la enfermedad.

La propuesta del Ejecutivo, que tiene 55 artículos y un larguísimo exordio, habla de cómo obtener fondos mediante endeudamientos varios, pide elevar el déficit estatal por encima de lo esta­blecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) por cuatro años, anuncia el incremento de los gastos por diver­sos conceptos. No incluye propuestas para obtener más recursos mediante el aumento de las recaudaciones a través de la mejora fiscal, ajustes tributarios u otros auxilios impositivos. Habrá más deudas, mayores gastos y déficit más elevados, pero no se articula cómo sol­ventarlos de manera genuina.

Durante el anuncio de presentación del proyecto de ley, el presidente de la República afirmó que el Gobierno opta por el principio de defender la vida y la salud, antes que nada. “Nosotros los paraguayos defendemos el principio de la vida, entendiendo que la economía siempre se puede recuperar, pero la vida humana no. Por eso, desde el principio, nuestra prioridad ha sido salvar vidas”. En los hechos prácticos defender la vida no implica necesariamente descuidar la economía y cuidar la actividad eco­nómica no significa de ningún modo no atender la salud o la vida.

El proyecto de ley habla de un plan de contingencia que contempla destinar 500 millones de dólares para el fortale­cimiento del sistema de salud, que com­prenderá compra de insumos, equipa­mientos, contratación de más personal médico, protección a médicos y enfer­meras, aumento de capacidad de tes­teos, etcétera. También se habla de una ayuda financiera para el sector social, que contempla ayuda a los trabajadores vulnerables, socorro alimentario, sub­sidio temporal, disponibilidad de crédi­tos en condiciones muy favorables para lo que se estaría previendo entre 300 y 400 millones de dólares.

Otro capítulo importante es la ayuda que se quiere destinar para créditos a las pequeñas y medianas empresas, al sector agrícola, comercial y de servi­cios. Para ello se propone capitalizar a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), al Fondo de Garantía de Mipy­mes y al Crédito Agrícola de Habilita­ción (CAH). También se quiere refor­zar a la Essap con más dinero para que pueda hacer frente a la creciente demanda de agua potable.

El Ejecutivo propone en el proyecto de ley el aplazamiento de pagos a la Ande, Essap y Copaco por marzo, abril y mayo de este año y que se los puede financiar hasta en 18 cuotas. Con respecto a los impuestos, sugiere que se puedan dife­rir los pagos del 2020 y los del 2019 que están pendientes de liquidación.

Con relación a los beneficios de los fun­cionarios del Estado, el proyecto plan­tea suspender por este año el pago de subsidio familiar, ayuda vacacional y alimentaria. También propone no pagar a los docentes el aumento previsto en el presupuesto estatal de este año.

En materia de utilización de los fondos que proveerá el Estado a las institucio­nes y personas, el mandatario señaló que se pondrá énfasis en el control de la no politización del uso de los recursos, de lo que se encargará la Seprelad.

Un aspecto a mejorar en el proyecto de ley es que no prevé cómo generar más recursos a través del aumento de la recaudación o el ajuste impositivo, como proponen algunos, lo que ocasio­nará un desequilibrio muy grande. El propio subsecretario de Tributación reconoció que desde que comenzó la crisis por el coronavirus la recaudación impositiva tuvo una disminución del 50%, lo que inevitablemente se exten­derá si no mejora rápidamente la situa­ción del país.

El documento en estudio es perfectible. Uno de los puntos que se podría incluir es, justamente, cómo mejorar la recau­dación impositiva para hacer frente a esta emergencia sanitaria y económica y no poner en peligro la estabilidad macroeconómica del país.